El Gobierno creó por DNU la Agencia de Protección de Testigos e Imputados y Casación le salió al cruce

Nov 30, 2019.

A 11 días de dejar el Gobierno, Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

El presidente Mauricio Macri creó por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico que deberá resguardar la seguridad de los llamados «arrepentidos» en causas judiciales, pero jueces de la Cámara de Casación Penal rechazaron su aplicación.

A 11 días de dejar el Gobierno, Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial y que establece la creación de esa Agencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con autonomía funcional.

Según el decreto, el objetivo de esta Agencia será garantizar la seguridad de las personas que colaboren «de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal», para lo que deberá tomar «medidas especiales de protección», como el cambio de domicilio o la custodia personal.

Uno de los argumentos del decreto para elevar al rango de Agencia lo que hasta ahora era un «Programa de Protección de Testigos», es «la incorporación de personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública».

Además, el DNU dispone la creación de un Consejo Consultivo encabezado por el presidente de la Cámara de Casación Penal e integrado por la Procuración General de la Nación, que deberá elaborar la propuesta para la designación del director de la Agencia.

El Gobierno tenía previsto en un principio traspasar el Programa de Protección de Testigos al Poder Judicial y al no prosperar esa iniciativa intentó pasársela a la Cámara de Casación Penal, nuevamente sin éxito, por lo que optó por la creación de un ente autárquico.

Sin embargo, horas después de que se diera a conocer el DNU, cuatro jueces de la Cámara de Casación elevaron una nota al presidente de ese tribunal, Carlos Mahiques, en la que sugieren que se rechace el decreto tras poner en duda su legitimidad.

La nota lleva las firmas de los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, de la Sala 2 de la cámara, y de Ana María Figueroa, de la Sala 1.

Los camaristas sugirieron que el DNU invoca «circunstancias manifiestamente inexistentes o irrazonables», al tiempo que advirtieron que se trata de un tema que debe pasar por el Congreso y que las regulaciones en materia penal por parte del Ejecutivo está «expresamente prohibida constitucionalmente».

Sin embargo, el DNU fue publicado en el mismo día en que finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso, por lo que la actividad parlamentaria no se retomará hasta que el Gobierno convoque a extraordinarias, algo que quedará reservado para el presidente electo, Alberto Fernández.

Este hecho, sumado a que la anulación de un DNU requiere que la dos Cámaras del Congreso lo rechacen -algo extremadamente difícil y sin antecedentes hasta ahora- implica que el decreto está en vigencia.

https://www.conclusion.com.ar/politica/el-gobierno-creo-por-dnu-la-agencia-de-proteccion-de-testigos-e-imputados-y-casacion-le-salio-al-cruce/11/2019/

Se van pero no tanto: Cambiemos aceleró los nombramientos de sus militantes

29 de noviembre de 2019.

A pesar de que hizo bandera con la crítica de los militantes en el Estado, Cambiemos y Mauricio Macri dejarán a su propia grasa militante. Además, a días de dejar la Casa Rosada, Macri firmó un decreto mediante el cual creó un régimen de compensaciones e indemnizaciones para los altos funcionarios
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El 10 de diciembre finaliza la experiencia del PRO, o de Cambiemos en su alianza más amplia, en el poder. Pero no todos se vuelven a sus casas. En las últimas semanas, el gobierno nacional aceleró los nombramientos de sus militantes en diferentes ámbitos del Estado, como la Cancillería, la Ansés, y los medios públicos, entre otros sectores. De esa manera, y a pesar de que hizo bandera con la crítica de los militantes en el Estado, Cambiemos y Mauricio Macri dejarán a su propia “grasa militante”.

Pero aun fue más allá. A pocos días de dejar la Casa Rosada, Macri firmó un decreto (el 788/19) mediante el cual creó un régimen de compensaciones e indemnizaciones para los altos funcionarios públicos. Se refiere a directores, directores generales o coordinadores del Estado, puestos con sueldos que oscilan entre 100 mil y 200 mil pesos. Esta iniciativa le otorga estabilidad de 5 años a los funcionarios, y establece causales de remoción como la “reestructuración del organigrama”, pero en ese caso se debe pagar una “indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años”.

Entonces, Alberto Fernández enfrentará el dilema de tener que pagar para desplazar a los funcionarios macristas y poder gestionar su gobierno con su propia gente. De todos modos, el presidente electo ya anunció que revisará los nombramientos de último momento. Macri armó un dispositivo que le dificulta a Alberto mover de sus cargos a quienes fueron designados por Cambiemos.

Ansés

Emilio Basavilvaso, el director de la Ansés, fue un tipo previsor. No esperó hasta las postrimerías del gobierno de Macri para darle estabilidad a los suyos y dejar a los macristas en la planta permanente del organismo previsional. Dos días antes de que se realicen las elecciones presidenciales del 27 de octubre, que consagraron a Fernández, firmó la resolución 288/19 que sirvió para anular una anterior de 2016 mediante la cual sus subalternos sólo durarían en su cargo mientras estuviera al frente de la Ansés.

Así, Basavilbaso abrió la puerta para que 70 directores, cuyos sueldos van desde 140 mil a 190 mil pesos, se queden en el gobierno más allá del 10 de diciembre. De esta manera, los jerárquicos designados por el macrismo no estarán obligados a renunciar el 9 de diciembre.

El sindicato SECASFPI, que representa a trabajadores de Ansés, advirtieron la movida: “Cuando hacían gala de su poder, planteaban que hasta los coordinadores tenían que entrar y salir, según el gobierno de turno. Hoy quieren colocar una nueva ‘capa geológica’ en el organismo, sabiendo que se van”.

Cancillería

Otra ola de designaciones de último momento recorrió numerosas embajabas alrededor del globo. Es que el canciller Jorge Faurie ya había comenzado con nombramientos en organismos internacionales como la OEA y la FAO, pero ahora directamente a días de dejar el poder designó al embajador de los Países Bajos y al cónsul de Madrid.

Las relaciones internacionales deberían regirse bajo criterios de previsibilidad, por eso resulta escandaloso que el macrismo acomode a diplomáticos amigos en embajadas, consulados y representaciones en el exterior y para evitar el papelón de que el nombramiento dure unos días, obligar al próximo gobierno de mantenerlos en sus puestos.

El decreto 793, que firmaron faurie y Macri, establece a Mario Javier Agustín Oyarzábal como embajador en los países Bajos y a Eduardo César Angeloz (el hijo del ex gobernador radical de Córdoba) como cónsul de Madrid.
El futuro canciller Felipe Solá, ya tildó de “bochornosos” los nombramientos.

Los casos se repiten y a los últimos dos se agrega una lista que incluye a Marcelo Suárez Salvia, como cónsul de Nueva York, y Luis María Sobrón como cónsul de Milán, entre otros.

Enacom, RTA y Defensoría

Un poco más difícil la tiene Cambiemos en áreas como Radio y Televisión Argentina S. E. (RTA), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Defensoría del Público. Allí, para realizar las designaciones tiene que convocar a uan bicameral que las avalen.

A pesar de que restan poco más de 10 días para irse del poder, el macrismo apretó el acelerador y convocó a la biocameral para dejar su legado de militantes también en estos sectores.

La comisión bicameral está presidida por el radical Eduardo Costa y el macrismo buscará iniciar el trámite para elegir a las autoridades del Enacom, la Defensoría del Público y el directorio de Radio y Televisión Argentina, en momentos donde se da el recambio legislativo, muchos diputados y senadores se despidieron de sus puestos y otros están esperando por asumir.

https://www.elciudadanoweb.com/se-van-pero-no-tanto-cambiemos-acelero-los-nombramientos-de-sus-militantes/

Por decreto, Macri aumentó las indemnizaciones para posibles despidos de sus funcionarios

27 de Noviembre de 2019.

La norma dispone para los cargos jerárquicos aumentos de hasta 100 mil pesos a partir de enero y "estabilidad" por cinco años. Si se los despide se los debe indemnizar por ese período.

En orden de favorecer a sus socios políticos, el gobierno de Mauricio Macri no dudó en modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado otorgándoles mediante el decreto 788/19 estabilidad por cinco años. De esta manera, los cargos políticos que nombraron permanecerán en su cargo como mínimo un año más, ya bajo la gestión del Frente de Todos. El decreto dispone que si no se cumple la norma, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, lo que implicaría sumas de varios millones de pesos.

A contrapelo del discurso que los llevó a despedir y precarizar miles de empleados públicos, Marcos Peña, y Dante Sica, jefe de Gabinete y ministro de Trabajo, respectivamente, decidieron contribuir a los bolsillos de sus funcionarios (directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores) no sólo con un aumento de salario a partir del 2020, sino con una estabilidad que implicaría que cuando el nuevo gobierno quiera designar a sus propios funcionarios deba despedir a los de Cambiemos.

El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández caracterizó la nueva norma como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), por su parte, rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido “pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.

El convenio fue firmado con el gremio UPCN antes de las últimas elecciones generales aduciendo que brinda estabilidad a los trabajadores. Sin embargo, la presunta “estabilidad” es para ATE una excusa, ya que de ser el tema central habrían comenzado por las categorías inferiores y no por las superiores. Luciano Fernández, secretario general de ATE Capital lo describió como que “ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos, todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años”.

El secretario general del gremio de los abogados (AGAE) Rubén Ramos decidió “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Asimismo Ramos definió esta nueva normativa como “un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.

Ramos ahondó en la actitud del actual oficialismo nacional al preguntarse si “¿existe algún límite moral en un proceso de transición de entrega del poder? ¿Es éticamente aceptable que un gobierno disponga esas medidas de fondo a muy escaso tiempo de su finalización? El límite debe ser la prudencia, que hoy no abunda”.

Dentro de una prudente lógica, cabe esperar que el gobierno entrante no pague cifras multimillonarias para nombrar sus funcionarios y que para ello previamente derogue el decreto homologado por el presidente Macri el martes último.

https://www.tiempoar.com.ar/nota/por-decreto-macri-decidio-que-sus-funcionarios-mantengan-sus-cargos-bajo-el-gobierno-del-frente-de-todos

Sobreseyeron a Aníbal Fernández y Abal Medina por los derechos televisivos del programa Fútbol para Todos

27 de noviembre de 2019.

Lo hizo el juez Daniel Rafecas en base a un peritaje. La medida alcanza al ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco.

El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó este miércoles a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina y al empresario Alejandro Burzaco, entre otros imputados, en una causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos. La decisión alcanzó además al ex coordinador del Programa Gabriel Mariotto, por el delito de defraudación a la administración pública.

Rafecas desestimó por “inexistencia de delito” la denuncia presentada por la Procelac por supuesto lavado de activos. Y sobreseyó a los implicados por el delito de defraudación.

En la denuncia se aludía a una presunta “existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios” y la “empresa Torneos y Competencias SA” para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de 33.050.000 dólares que el Estado nacional “fue abusivamente obligado a pagar", según el dictamen del fiscal que impulsó el caso. “No se aprecia que la maniobra desplegada hubiese estado orientada a generar un perjuicio patrimonial a la administración pública”, concluyó Rafecas al sobreseer a los imputados.

El juez aludió además a un peritaje en el que “no pudo demostrarse” el perjuicio. “Tampoco se ha advertido que la conducta desplegada haya tenido como meta –con independencia de la inexistencia de daño para el erario público– el beneficio del particular”, agrega el fallo.

El magistrado descartó la “existencia de un obrar criminal”. “No se evidencia que se hayan salido en ningún momento del marco legal que regula el desempeño de sus roles, a partir de las adquisiciones de los derechos de televisación de los eventos deportivos pues las mismas no son otra cosa que la materializacón de decisiones enmarcadas en la normativa legal que regulaba ese ámbito de la gestión de gobierno”.

El fallo benefició además a otro ex coordinador del Programa, Pablo Paladino, y a otros 15 imputados.

Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina

A fines de 2017, el fiscal Gerardo Pollicita aludió a la “existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios del Estado Nacional y la empresa ‘Torneos y Competencias SA’ para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de USD 33.050.000 que el Estado Nacional “fue abusivamente obligado” a pagar.

El pedido de Pollicita se conoció después de las declaraciones, ante la Fiscalía de Nueva York, de Burzaco -ex CEO de Torneos y Competencias- quien reveló que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa, acordaron “repartir la carga” para pagarle a Julio Grondona, el extinto presidente de la AFA, una coima de USD 15 millones para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.

En ese contexto, el fiscal pidió las indagatorias de los ex Jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Abal Medina, los ex coordinadores de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino; y del empresario Alejandro Burzaco por el supuesto pago de sobornos para la adquisición de derechos televisivos del fútbol a miembros de la Commebol para luego venderlos al Estado Nacional a “precios irrisorios”.

Ahora, en un fallo de más de 200 páginas, Rafecas aseguró que “el perjuicio patrimonial a las arcas del Estado no pudo ser demostrado, sino que por el contrario la pericia efectuada por el cuerpo de peritos especialistas no arrojó conclusiones que le otorguen solidez a la acusación”. “Es más, de ella se desprendió que este tipo de comercialización de transmisiones televisivas es llevada a cabo dentro de un mercado de escasa o nula competencia desde el punto de vista de los oferentes, en el cual quienes poseen la capacidad de ofrecer el producto se encuentran en una posición de poder, por lo que los márgenes de negociaciones son reducidos”.

A criterio de Rafecas, “no puede hablarse de un perjuicio patrimonial de la Administración Pública, cuando no pudo demostrarse en qué forma se verían perjudicada las arcas estatales y no se puede cuantificar el supuesto perjuicio”. “Tampoco le asiste razón al Fiscal cuando afirma que los funcionarios públicos obligaron abusivamente al Estado a adquirir en forma antojadiza los derechos en cuestión, excediendo la normativa en la que el fundaban su obtención al no subsitir sobre el Estado Nacional obligación alguna de adquirir los derechos televisivos de los eventos futbolísticos”.

https://www.infobae.com/politica/2019/11/27/sobreseyeron-a-anibal-fernandez-y-abal-medina-por-los-derechos-televisivos-del-programa-futbol-para-todos/

Cientos de personas hicieron fila en Trabajo para tramitar el bono de $5000 a desocupados (bono que no existe)

Nov 22, 2019.

El Gobierno había anunciado este beneficio semanas antes de las elecciones del 27 de octubre, pero luego la jueza María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaria de Empleo de la Nación disponer fondos en concepto de susbidios hasta después de los comicios. (SMVM: 16875$).

Una extensa fila de cientos de personas se registró hoy en la sede de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de ingresar al segundo cupo que se abrió para cobrar el bono de $5.000 para desocupados que impulsó el Gobierno y que había sido por un momento frenado por la Justicia.

La primera etapa de pagos, que contaba con un cupo de 80.065 personas, ya fue llevada adelante, mientras que esta semana se abrió un segundo cupo para otros casi 50.000 beneficiarios, informó la cartera laboral.

En ese marco, durante los últimos días hubo extensas filas en la sede de Trabajo de la Avenida Leandro N. Alem, en el bajo porteño, de personas que buscaron tramitar este beneficio.

Se trata del subsidio que «forma parte de las acciones que se reforzaron en el marco de la vigencia de la Ley N° 27.345 de Emergencia Social, en conjunto con una serie de medidas impulsadas desde los diferentes Ministerios nacionales, con el objetivo de acompañar a las familias afectadas por el difícil contexto económico», agregó Trabajo en un comunicado.

Entre los requisitos para cobrar el bono de 5.000 pesos, figuran ser mayor de edad; poseer el alta del CUIL definitivo otorgado por la ANSES; ser desocupado y no tener trabajo en blanco; no cobrar ninguna prestación en ANSES ni de otra dependencia social y demostrar situación de indigencia o pobreza.

Para más información sobre el cobro del bono, Trabajo sugirió a los interesados llamar a las líneas telefónicas del Centro de Orientación al Ciudadano 0800-666-4100 y 0800-222-2220.

El Gobierno había anunciado este beneficio semanas antes de las elecciones del 27 de octubre, pero luego la jueza federal con competencia electoral, María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaria de Empleo de la Nación disponer fondos en concepto de susbidios a desocupados hasta después de los comicios.

Lo hizo dando lugar a un pedido del Frente de Todos, que había denunciado que con el otorgamiento de los planes se pretendía «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».

Una vez pasada la fecha de las elecciones generales, Trabajo retomó los trámites para otorgar este beneficio que llegará a 114.000 personas.

https://www.conclusion.com.ar/gremiales/cientos-de-personas-hicieron-fila-en-trabajo-para-tramitar-el-bono-de-5000-a-desocupados/11/2019/

El Gobierno oficializó los límites a las prisiones preventivas

19 de noviembre de 2019.

La norma está incluida dentro del nuevo Código Procesal Penal que comenzará a regir en todo el territorio nacional a partir de este viernes, según la Resolución 2/2019.

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 2/2019, que ordena implementar en “los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional” gran parte del nuevo Código Procesal en el que, entre otras cosas, se plantean límites al uso de las prisiones preventivas.

Actualmente, el criterio general para dictar la detención de un sospechoso surge de un fallo plenario de la Cámara de Casación (Díaz Bessone) que dispone utilizar esta herramienta cuando se verifique peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, los jueces suelen tener distintos criterios para encasillar cada caso concreto.

Con el objetivo de terminar con la arbitrariedad, el Código “fijó pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso", que acotan el margen de interpretación de los magistrados.

La Resolución señala que el nuevo régimen continúa "permitiendo tal restricción en caso de que exista peligro de fuga o de entorpecimiento”, pero también ofrece “métodos alternativos de resolución de conflictos”.

“A su vez, y a fin de regular de forma precisa y concreta frente a qué circunstancias fácticas verificadas en el proceso se podría presumir ese riesgo, efectuó luego una descripción precisa y circunstanciada de estos supuestos", destaca la resolución publicada en el Boletín Oficial.

En este sentido, se resalta que en uno de los artículos del texto se da “un minucioso y detallado catálogo de medidas de coerción personal a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso” en este tipo de situaciones, estableciendo “un grado de progresividad y jerarquía de estas medidas que el juzgador debe contemplar en todos los casos”.

De esta manera, el Gobierno avanza con la aplicación del nuevo régimen procesal, que ya había comenzado a funcionar en junio de este año en las provincias de Salta y Jujuy, y que a partir del próximo viernes entrará en vigencia en el resto del país, como adelantó Infobae la semana pasada.

La decisión la tomó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código, creada en el ámbito del Congreso Nacional para controlar que las nuevas normas se vayan incorporando de forma progresiva.

En la Resolución 2/2019 se establece que comenzarán a aplicarse “los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222″ del texto “a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación” en el Boletín Oficial, para “todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional”.

Entre las consideraciones, la Comisión indicó que se encuentra “evolucionando favorablemente el proceso de implementación en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy, como lo demuestran las estadísticas con que se cuenta a la fecha en cuanto a eficiencia y celeridad de los procesos judiciales” .
Además, la resolución ordena que el Código entre en funcionamiento de forma integral en Mendoza y Santa Fe, para continuar así con el cronograma previsto por el organismo parlamentario.

En este marco, se detalla que también es necesario un proceso de adaptación de la nueva normativa en el resto de las provincias para evitar que “el sistema de progresividad territorial fijado” por la Comisión “genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley”.

“A tal efecto resulta indispensable implementar aquellos institutos procesales y/o artículos previstos en el Código Procesal Penal Federal que no resulten incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, y que permiten un mayor goce de las garantías constitucionales para todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional”, se explica en la Resolución.

Por último, el organismo parlamentario asegura que “la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite” no encuentra impedimento, ya que “no afecta en modo alguno el sistema y orden de los pasos procesales fijados” en las leyes vigentes hasta el momento.

https://www.infobae.com/politica/2019/11/19/el-gobierno-oficializo-la-implementacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-en-todo-el-pais/

Piden frenar un decreto del presidente Macri que vulnera la Ley de Tierras

17 de noviembre de 2019.

A través de la modificación, Cambiemos flexibilizó el sistema de protección sobre tierras soberanas. Un abogado de La Plata pidió a la justicia que avance en un amparo que solicita ponerle fin a beneficios para extranjeros, además de sostener que el decreto es inconstitucional.

Ya suman cinco los amparos presentados por distintos abogados ante el decreto del gobierno nacional que vulnera la Ley de tierras del año 2011. Hace pocos días, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola pidió un dictado de sentencia sobre su recurso de amparo presentado en 2016, con el objetivo de ponerle fin a una normativa que flexibiliza la protección de tierras soberanas y posibilita la extranjerización.

El Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras 26.737, es un registro que permite saber en manos de quiénes están las tierras de la Argentina. Impide la acumulación por parte de personas físicas o jurídicas de grandes extensiones de tierra. Además tiene como finalidad no fomentar los latifundios por parte de personas extranjeras.

La ley aprobada durante el kirchnerismo establecía límites concretos a la extranjerización de la tierra y perseguía una lógica de protección soberana. Pero además buscaba establecer un límite a aquellos que corren con ventajas a partir de los beneficios que les otorga un tipo de cambio favorable.

El decreto 820/2016 de Mauricio Macri amplía los límites para la compra de tierras, desregulando el sistema de protección y habilitando la extranjerización. Otra de las cuestiones sensibles tiene que ver con la posibilidad que se le otorga a capitales extranjeros para comprar zonas ribereñas.
Concentración de tierras

Jerónimo Guerrero Iraola, letrado del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) a cargo del amparo, explicó que lo primordial en el escrito tiene que ver con impedir la ruptura del sistema y el acceso a personas extranjeras que “lo que pueden hacer es comprar grandes extensiones de tierra y tener un control fáctico estando sujetos a las leyes”.

El amparo explica que el límite de 1.000 hectáreas disponibles para extranjeros en zonas núcleo, fue sustancialmente modificado en el punto 3 del artículo 10 del decreto establecido por Cambiemos en 2016.

Conforme al nuevo criterio, una misma persona extranjera, puede ser titular dominial o poseedor de 1.000 hectáreas o su equivalente en cada municipio, provincia, o por cada actividad productiva. La ley de Tierras era precisa en fijar ese límite, pero en todo el territorio nacional, y no en cada jurisdicción territorial, ya sea municipal o provincial, o en relación a cada actividad productiva.

En ese sentido, Iraola remarcó: “La ley de Tierras busca establecer mecanismos que puedan impedir que se apropien de tierras soberanas, el decreto lo que hace es flexibilizar ese sistema de protección”.

A su vez, consideró que la modificación dispuesta por Mauricio Macri “frena el sistema protectorio, desarticula el sistema de protección, si uno toma le ley y el decreto, lo que hace es desarticular una ley que era muy buena”.
Beneficiarios del decreto

A partir del decreto, se conocieron casos resonantes de aprovechamiento de la nueva legislación como lo hizo el magnate británico Joe Lewis. “La ley además frenaba la compra de tierras que tuvieran ojo de agua interior como lagunas y lagos, es decir que frenaba la posibilidad de apropiarse de los ríos, el decreto destruyó toda esa sistematización y dio la posibilidad de que se extranjerice la tierra”, explicó el abogado consultado.

En referencia al caso de Lewis, explicó: “Él se apropió de las tierras aledañas a Lago Escondido y prohibió el acceso a esa zona que es tierra argentina”.

El caso Lewis es uno de los de mayor trascendencia a raíz de la apropiación del lago ubicado en Bariloche, Río Negro, y por la judicialización del caso, pero Iraola explicó que es tan solo uno de tantos. “Sobre todo en el sur, la gran cantidad de extensiones de tierra que se les vende a extranjeros son un problema. En esos casos el Estado pierde capacidad soberana de regular la capacidad del uso del suelo”.
Amparo

El amparo se presentó en 2016 en la ciudad de La Plata en simultáneo a otros cinco amparos similares. El primero de ellos inscriptos en el registro de la Corte fue por parte del Instituto Sampay, y todos se encuentran en el fuero federal contencioso administrativo 5.

El pedido central en el recurso presentado por Iraola es declarar inconstitucional el decreto de Cambiemos. “Junto al amparo de Sampay, en estos días pedimos dictado de sentencia, está todo en condiciones para que eso ocurra”.

El abogado platense considera que si eso ocurre, todo volvería a foja cero, previo al dictado. “Por lo cual quienes hayan comprado tierras por fuera de la Ley nacional de tierras rurales, tendrán que dar explicaciones y todo se tendrá que retrotraer”, explicó.

Ante esa posibilidad, estimó que la primera reacción por parte del gobierno nacional será una apelación. Además, consideró que una declaración de inconstitucionalidad, podría generarle un costo económico al gobierno nacional. “Si alguien compró por fuera de los límites tendrá que deshacerse de esas tierras y eso generará daños y perjuicios”, advirtió.

https://www.elciudadanoweb.com/piden-frenar-un-decreto-del-presidente-macri-que-vulnera-la-ley-de-tierras/

Según datos de AFIP, la era Macri destruyó 22.450 empresas

14/11/2019.

Sólo en los últimos 12 meses se dieron de baja 12.953 empresas como "empleadores". En toda la gestión Cambiemos el número asciende a 22.450 firmas destruidas.

De acuerdo con los registros de la AFIP, en los últimos 12 meses se dieron de baja 12.953 empresas como "empleadores". El organismo destacó que en septiembre de 2019, entre industria, comercio y transporte había 9.405 empresas menos que en mismo mes de 2018.

El último informe de la Seguridad Social de la AFIP, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 (último dato disponible), la cantidad de empleadores registrados ante el organismo disminuyó en 22.450 empresas.

A fines de 2015 había 568.737 "empleadores registrados" y en septiembre último eran 546.287 (una caída de 4,1%) Sólo en el último año, "desaparecieron" de los registros oficiales 12.953 empresas.

En particular, remarca el portal IProfesional, cayó fuertemente el número de empleadores registrados en la Industria, el Transporte y el Comercio. Desde diciembre de 2018, en estos tres sectores hay 4.712 empresas menos inscriptas ante la AFIP.

"Si tomamos el punto de inicio en diciembre de 2015 había 263.281 empresas en las estadísticas de la Seguridad Social y ahora quedan 246.566. Es decir, 16.715 empresas menos registradas en Industria, Transporte y Comercio", indicó el economista Amílcar Collante.

Según el especialista, la herencia de la administración Macri en términos de caida de empresas con aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es muy importante. Será complejo revertir esa situación en el corto plazo.

"El derrumbe también se refleja en los registros de la AFIP en el número de empresas industriales registradas como empleadores: pasó de 53.444 en septiembre de 2018 a 51.293 en septiembre último. Es decir, 2.151 empresas menos en solo 12 meses. En relación a diciembre de 2015, hay 4.975 empresas menos", indicó Collante.

En el caso del sector de transporte, en diciembre de 2015 había registradas 47.448 empresas y en septiembre último ese número se redujo a 41.758. Es decir, 5.690 empresas menos.

En el caso de las inmobiliarias, siempre según la AFIP, en la gestión de Mauricio Macri hubo 1.545 bajas.

De  las 19 ramas de actividad que detalla AFIP hay muy pocos sectores que tienen un incremento en el número de organizaciones registradas como empleadores, siempre en términos netos (alzas versus bajas).

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=60292

Datos de la Afip: durante el gobierno de Macri cerraron 22.450 empresas

14 de noviembre de 2019
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Sólo en el último año se dieron de baja 12.953 emprendimientos. Industria, comercio y transporte, los más afectados. Todavía faltan computar los últimos tres meses de la gestión de Juntos por el Cambio.

De acuerdo con los registros de la Afip, en los últimos 12 meses se dieron de baja 12.953 empresas de la lista de “empleadores”. El organismo destacó que en septiembre de 2019, entre industria, comercio y transporte había 9.405 empresas menos que en mismo mes de 2018.

Según el último informe de la Seguridad Social de la Afip, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 (último dato disponible), la cantidad de empleadores registrados ante el organismo disminuyó en 22.450 empresas. A fines de 2015 había 568.737 “empleadores registrados” y en septiembre último eran 546.287 (una caída de 4,1%) Sólo en el último año, “desaparecieron” de los registros oficiales 12.953 empresas.

En particular, remarca el portal IProfesional, cayó fuertemente el número de empleadores registrados en la industria, el transporte y el comercio. Desde diciembre de 2018, en estos tres sectores hay 4.712 empresas menos inscriptas ante la Afip. “Si tomamos el punto de inicio en diciembre de 2015 había 263.281 empresas en las estadísticas de la Seguridad Social y ahora quedan 246.566. Es decir, 16.715 empresas menos registradas en industria, transporte y comercio”, indicó el economista Amílcar Collante.

Según el especialista, la herencia de la administración Macri en términos de caída de empresas con aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) es muy importante. Será complejo revertir esa situación en el corto plazo.

“El derrumbe también se refleja en los registros de la Afip. El número de empresas industriales registradas como empleadores: pasó de 53.444 en septiembre de 2018 a 51.293 en septiembre último. Es decir, 2.151 empresas menos en sólo 12 meses. En relación a diciembre de 2015, hay 4.975 empresas menos”, indicó Collante.

En el caso del sector de transporte, en diciembre de 2015 había registradas 47.448 empresas y en septiembre último ese número se redujo a 41.758. Es decir, 5.690 empresas menos. En el caso de las inmobiliarias, siempre según la Afip, en la gestión de Mauricio Macri hubo 1.545 bajas. De las 19 ramas de actividad que detalla Afip hay muy pocos sectores que tienen un incremento en el número de organizaciones registradas como empleadores, siempre en términos netos (alzas versus bajas).

https://www.elciudadanoweb.com/datos-de-la-afip-durante-el-gobierno-de-macri-cerraron-22-450-empresas/

Atraso atómico: Techint suspende a 500 trabajadores del reactor en Zárate

12 de noviembre de 2019.

La firma suspendió las obras del reactor nuclear y atribuyó la paralización a retrasos en lois pagos por parte de la Nación. La medida es por tres semanas y no se informó cómo incidirá en los salarios. De los afectados, 350 están bajo el convenio de la Uocra
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Techint suspendió las obras del reactor nuclear Carem 25 en la ciudad bonaerense de Zárate y suspendió a 500 trabajadores durante tres semanas. La decisión tomó por sorpresa a los cientos de empleados que no recibieron notificación alguna. Desde la Uocra calificaron como “ilegal” el cese del trabajo y en la multinacional argentina culparon al gobierno nacional por millonarios atrasos en los desembolsos acordados.

Los trabajadores recibieron la noticia de las suspensiones este viernes a última hora. La medida los afectará durante tres semanas y no conocen detalles sobre cómo incidirá en sus salarios.

El concejal del Frente de Todos Lucas Castiglioni le dijo al portal Infocielo que los trabajadores decidieron asistir a sus lugares de trabajo pero se encontraron con la entrada bloqueada.

Techint le reclama pagos atrasados y una readecuación de precios a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), el ente que contrató a la empresa para las obras que se iniciaron durante el gobierno anterior y por diversos conflictos sucedidos en el mandato de Cambiemos, su finalización pasó de estar prevista para 2020 a estirar los plazos hasta 2022.

Por su parte, en el gremio de la construcción entienden que la suspensión de las obras y de los trabajadores es “ilegal” porque no fueron notificados mediante los mecanismos formales.

Los trabajadores debatían ayer líneas de acción, entre las que se podrían incluir manifestaciones en la rotonda de ingreso a la obra y un pedido de conciliación obligatoria ante la cartera laboral: hasta donde tenían noticia, el Ministerio de Trabajo no había sido anoticiado de las suspensiones.

Entre los 500 trabajadores suspendidos, 350 pertenecen a la Uocra y el resto realiza tareas diversas como seguridad, limpieza, gastronomía y transporte. La mayoría residen en Zarate y la vecina ciudad de Lima, como de otros distritos de la zona.

Frente a esta situación, desde el gremio esperan que la Cnea y el subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, brinden respuestas a los incumplimientos.

https://www.elciudadanoweb.com/atraso-atomico-techint-suspende-a-500-trabajadores-del-reactor-en-zarate/

Cristóbal López denunció que Macri lo presionó para encarcelar a Cristina Kirchner

06 de noviembre de 2019.

Por: Raúl Kollmann.

Ante la negativa del empresario comenzó la persecución contra el Grupo Indalo.

Cristóbal López declaró ante la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán.

"Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró". El textual es parte de la declaración que ayer prestó el empresario Cristóbal López, uno de los titulares del Grupo Indalo, ante la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. López relató el diálogo que mantuvo con Mauricio Macri el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque. Servini instruye una causa iniciada por el socio de López, Fabián de Sousa, contra el presidente Macri, los titulares de la Afip y otros funcionarios de Cambiemos por los delitos de coacción y extorsión. El objetivo de fondo fue ahogar a Indalo, Oil y los medios de comunicación del grupo, entre ellos el exitoso C5N, con un doble objetivo: por un lado encarcelar a la ex presidenta y, por el otro lado, para que todo el grupo termine en manos de amigos del actual gobierno o que quiebre y quede como un símbolo de lo que le pasa a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el gobierno anterior.

La declaración de López abarca 18 páginas del expediente y detalla la forma en que se manifestaron las presiones de todo tipo, incluyendo la amenaza de la prisión, algo que finalmente se concretó con el protagonismo del propio Macri, quien llegó a quejarse porque López y De Sousa habían recuperado la libertad. A lo largo de la declaración van apareciendo varios compradores, todos relacionados con la Casa Rosada, pero en algún momento se frenan las operaciones con una consigna asombrosa: "no queremos que López y De Sousa vendan. Queremos que quiebren. Es un tema político", relató López.

La mano oculta del presidente apareció en forma permanente en la declaración testimonial de ayer. Tras la reunión en casa de Franco Macri, dos meses después, ya en enero de 2016, el empresario relata que fue citado por Fabián (Pepín) Rodríguez Simón, en el Palacio Duhau y en el Hotel Hayatt. "El presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen", cuenta López que le dijo Pepin. "Es eso, o les rescindimos todos los contratos de las empresas de juego", amenazó el referente judicial de Macri. En el testimonio de López, el apriete concluyó cuando vendió sus participaciones en esas empresas. "Después de eso, no se habló más del juego en la Ciudad de Buenos Aires. El problema era que yo vendiera", razonó el empresario.

"En determinado momento, le dijeron a nuestro abogado que arregle los honorarios con nosotros porque empezó la guerra. Y ese domingo, se publicó una nota de Hugo Alconada Mon y a la noche Macri concedió una entrevista a Luis Majul. En los dos lugares nos acusaban de que le debíamos ocho mil millones de pesos a la Afip". Como se demostró en la pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, esa deuda no existía y el grupo Indalo estaba al día con los planes de pago que se le habían otorgado. Fueron planes de pago que se le habían concedido a muchísimas otras empresas. "Con esas acusaciones, nos sentimos dos perejiles contra el estado completo. Era como ir a la guerra contra Estados Unidos con dos escarbadientes", sintetizó López.

En los momentos de mayor presión, siempre aparecía un comprador ligado a la casa Rosada. El primero, Orly Terranova, que hasta envió a sus gerentes a sentarse en las oficinas de Indalo. Decía que actuaba en acuerdo con Macri y con Nicky Caputo. Se pactó un lanzamiento de la venta, organizado por Jaime Durán Barba, pero una aparente interna en el gobierno, derrumbó el acuerdo de un día para otro. A Orly no lo vi nunca más, se esfumó".

Después apareció en escena Ignacio Rosner, supuesto representante de un fondo de inversión norteamericano, quien se presentó como "muy muy amigo de Mauricio": "Fui al Newman, tengo llegada a Magnetto porque fui director de Cablevisión y también llego a Alberto Abad". En el trasfondo también solía aparecer Mario Quintana, uno de los hombres fuertes de la jefatura de Gabinete, a veces como mediador de las posibles operaciones de compra, pero en otra ocasión directamente interesado en participar. Otro que habría funcionado como intermediario es José Torello, también integrante de la mesa judicial. Se llegaron a firmar convenios por alguna parte del grupo, siempre sujetos a la aprobación del juez Julián Ercolini, pero parecía haber dudas permanentes porque seducía el impacto de hacer quebrar Indalo, exhibirlo políticamente.

El relato de López sobre las amenazas de prisión resultó crudo. El empresario contó que le empezaron a llegar los rumores de que lo detenían, por lo que decidió consultarle, a través de un amigo, a Daniel Angelici, íntimo amigo y colaborador de Macri. El presidente Boca le dijo: "andate a Sudafrica, vas a ir preso. Con Sudáfrica no hay convenido de extradición".

López relata una reunión que convocó de inmediato con su abogado de entonces, Alberto Beraldi, y con su socio, De Sousa. Les contó de que le habían confirmado los rumores de que irían presos, pero Beraldi le dijo que no había razón judicial para la detención y De Sousa pensó que eran aprietes sobre la línea editorial de C5N. Es que Macri, hacía ya varios meses, le había dicho a López que lo trataban mal y que también en el Bailando por un Sueño lo habían perjudicado. El empresario le explicó al mandatario que no tenía injerencia en el Bailando, que ese era territorio de Marcelo Tinelli y que tampoco le bajaba línea a los periodistas de C5N. "Ese canal lo maneja Cristina", le disparó Macri. "Pará, pará, que yo no soy testaferro de nadie. Sacátelo de la cabeza", dice López que le contestó.

En el camino hubo otros posibles compradores, como el grupo petrolero Trasfigura, e incluso se firmó algún convenio para ser presentado ante el juez Ercolini. La oferta era por 420 millones de dólares, tres veces más de lo que al final se vendió por parte de la intervención judicial del grupo empresario. Siempre Ercolini rechazó las propuestas y siempre apareció el obstáculo de la Afip, que nunca buscó cobrar los impuestos, sino empujar al grupo a la quiebra.

Lo concreto, es que como adelantó Angelici, en la previa de las elecciones de 2017, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron apresados con el argumento de que habían intentado una venta del Grupo Indalo a espaldas del juez. La investigación de ese hecho, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, determinó que nunca ocurrió tal venta, es decir que la razón por la que se encarceló a los empresarios resultó falsa.

https://www.pagina12.com.ar/229374-cristobal-lopez-denuncio-que-macri-lo-presiono-para-encarcel

“La herencia que dejamos”: un informe oficial defendió la economía durante el gobierno Mauricio Macri

4 de noviembre de 2019.

Tiene ocho puntos, apunta al kirchnerismo y fue realizado por la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña. Hay similares para otras áreas de la administración pública.

Cambiemos se está despidiendo. En parte eso se entrevé en una serie de informes de estado de situación que el Gobierno realizó para diferentes áreas. El que hace foco en la economía, que trascendió este mediodía, tiene siete páginas y detalla lo que desde la jefatura de Gabinete de Marcos Peña titularon como “Ocho puntos sobre la economía” y que comienza con el capítulo “Sobre la herencia económica que dejamos”.

“A fin de 2019 el país está listo para crecer. Sin magia, sin mentira, sin ficción. Gracias al esfuerzo de los argentinos de todos estos años, hemos revertido la herencia de 2015, cuando recibimos un Banco Central sin reservas y restricciones cambiarias para importar y viajar; un déficit fiscal brutal (7% del PBI) con una presión impositiva récord; un desempleo mentiroso y una pobreza estructural altísima; una inflación ya alta durante 8 años y en ascenso; un tipo de cambio atrasado, que perjudicaba la actividad productiva; un Estado arrasado, dominado por punteros y copado por militantes, empresas públicas quebradas; y una crisis energética con tarifas atrasadas que se sostenía con permanentes cortes de luz y gas y se abastecía con carísimos barcos de gas licuado que venían de Venezuela bajo contratos muy dudosos".

Así comienza el paper. Claro, muy rápido aclaran: “Es cierto que en 2019 hay problemas. Y que no hemos podido cumplir las mejoras de bienestar que todos anhelamos. La inflación sigue alta. Y a pesar de haber creado 1.250.000 puestos de trabajo en esta gestión (incluyendo formales, informales y autónomos), no fue suficiente, porque hay más gente que busca trabajo”.

Al igual que lo dijo Mauricio Macri en los debates, antes de las elecciones presidenciales que perdió, el informe asegura que “el punto de partida para 2020 es mucho más sano”. Y enumeran razones que, siempre desde el criterio del Gobierno, lo explican: equilibrio fiscal primario (“el déficit total es la mitad del de 2015”); menor presión tributaria (”que sigue alta, pero es mucho menor que en 2015, 3% del PBI", menos impuestos en las provincias (“ingresos brutos, sellos”); “un tipo de cambio competitivo (en términos reales, casi el doble del que heredamos en 2015), que nos permite un comercio balanceado con el resto del mundo, sin sorpresas cambiarias para el futuro”, suba de exportaciones; mejor infraestructura; y “volvimos a tener energía” ("importábamos energía en 2015 y ahora la exportamos, generando empleo y divisas para nuestro país. No fue magia. Había que recorrer un camino pedregoso, como el de las tarifas, para poder volver a tener energía).

Punto dos: Sobre nuestro programa económico. El informe destaca que la con Macri “primera vez en mucho tiempo, Argentina tuvo una idea de largo plazo basada en reglas claras, estabilidad económica e inserción al mundo”. Menciona mejoras en las “condiciones estructurales de la economía”, las exportaciones y que “el tipo de cambio competitivo, la mejora de las exportaciones y el impulso a las inversiones tendrán un impacto en el empleo privado, que lleva 8 años estancado. Esto será el mayor motor para el consumo privado”.

“No es sano que cada cuatro años parezca que tengamos que resetear y empezar de nuevo. Como punto de partida, para el próximo período tenemos que consensuar al menos dos prioridades: un consenso pro exportador (para dar sostenibilidad al modelo de crecimiento sin la recurrente asfixia de divisas) y un consenso pro empleo (dado que el empleo privado es el gran organizador social)”, define.

Punto tres. Sobre la inflación. “Lamentablemente, no se puede eliminar la inflación de un día para el otro”, se lamenta el trabajo de Jefatura de Gabinete. “Pero en estos cuatro años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible de la inflación: corregimos las tarifas y el tipo de cambio; y equilibramos las cuentas públicas”, detalla y explica que “las tarifas ya valen casi lo mismo que lo que cuestan. El dólar, más allá de las restricciones recientes, vale lo que se dice que vale”.

Punto cuatro. Sobre la situación fiscal. “En 2019 el Estado argentino prácticamente va a alcanzar el equilibrio primario, tanto a nivel nacional como provincial. Esto es algo que no se ve hace una década y que es prácticamente una excepción en la historia económica de los últimos 70 años”, se explica.

Punto cinco. Sobre los impuestos. El gobierno detalla que entre 2016 y 2019, la presión tributaria total habrá bajado en 3 puntos del PBI. “Queremos un sistema impositivo eficiente y simple, con el menor grado posible de distorsión sobre las inversiones y el empleo y que incluya criterios de equidad (que dos personas o empresas iguales paguen lo mismo) y progresividad (que quienes más ganan paguen proporcionalmente más que quienes ganan menos). Recibimos todo lo contrario: una presión impositiva que había subido 6 puntos del PBI, con muchos impuestos distorsivos y un esquema poco progresivo y equitativo”, dice el paper.

Punto seis. Sobre la deuda. Se defiende haber ido al FMI, se destaca el pago a los holdouts y se insiste con algo que Macri repitió en la campaña: "dos de cada tres dólares que tomamos de deuda fueron para mejorar los plazos o las condiciones de deudas viejas o, también, para cambiar los acreedores

Admiten que hubo que “pedir prestado” pero por la herencia de un “déficit enorme y porque habían quedado muchas cuentas sin pagar del gobierno anterior, como la deuda con los holdouts. Decidimos financiarnos de forma transparente y clara. Estos años hicimos un gran esfuerzo para equilibrar nuestras cuentas. Si mantenemos el compromiso de tener un presupuesto equilibrado en los próximos años, la deuda pública dejará de ser un problema”.

Punto siete. Sobre la energía. Cambiemos resumen la situación recibida como “dramática” y habla de que se la “dio vuelta”. “En todas las áreas dimos vuelta la situación con la que arrancamos: volvieron a crecer la producción de petróleo (después de 20 años de caída) y la producción de gas, que en los primeros nueve meses del año tuvo la mayor producción de la última década, 16% más que en 2015. En 2018 volvimos a exportar gas a Chile después de once años. El desarrollo de Vaca Muerta estaba frenado y este año va a recibir inversiones por más de 7.500 millones de dólares y generar miles de puestos de trabajo en la provincia de Neuquén”, aseguran el informe.

Punto ocho. Sobre el empleo. - “El desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Debería ser más bajo, y probablemente baje a medida que la economía vuelva a crecer. De todas maneras, la cantidad de personas que trabajan sigue creciendo”.

- “En nuestra gestión se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, incluidos los informales. El desempleo sube en parte porque hay más gente saliendo a buscar trabajo (hoy estamos en niveles récord). El aumento del desempleo no se da por una destrucción del empleo sino porque más personas se vuelcan a un mercado laboral que no puede crear la cantidad de puestos necesarios. Integrarnos al mundo también nos permite generar más y mejor empleo. Por eso logramos un acuerdo histórico con la Unión Europea”.

“En particular, este acuerdo tiene la capacidad de potenciar fuertemente las exportaciones argentinas y así estimular el desarrollo de sectores generadores de valor agregado y empleo. Específicamente, sectores agroindustriales como el de la carne, pescado, lácteos y otros alimentos, o industrias como la de pieles y cueros y plásticos”.

“Sabemos que todavía falta mucho, pero este es el camino correcto para tener un país mejor, generando confianza y trabajando a la par del mundo”.

https://www.infobae.com/economia/2019/11/04/la-herencia-que-dejamos-un-informe-oficial-defendio-la-economia-durante-el-gobierno-mauricio-macri/

Macri armó una Justicia a la carta y la ONU sospecha

04 de noviembre de 2019.

La asociación Ajus elevó una denuncia contundente y detallada y las Naciones Unidas hicieron un pedido de informes al Gobierno. “Las informaciones recibidas son suficientemente fiables”, dijo el relator García-Sayán.

Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

“Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones”, dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas.”

Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, “Justicia a la carta”, sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.

Uno de los párrafos señala que Macri buscó “establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario”. Es decir, “encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo”.

Herramienta

Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:

* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.

* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.

El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que “adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”. También lo insta “a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.

Fiables

“Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano”, señala la carta del relator. “Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata.” Más aún: “Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.

En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.

En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Urgencia

En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino “atención urgente” para la información que recibió “respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”. Lo interroga a partir de una denuncia sobre “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.

Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes “magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación”.

Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. “Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación”.

Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Hay capítulo especial en la denuncia que se llama ”ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri”. Otro capítulo lleva por título “ataque a los abogados y jueces laboralistas”.

Creada en 2011 por un grupo de abogados “para defender los derechos de las personas”, según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

https://www.pagina12.com.ar/229047-macri-armo-una-justicia-a-la-carta-y-la-onu-sospecha

La ciudad Transportistas dejaron de prestar servicios desde hoy a unas 3.000 personas con discapacidad

Viernes 01 de Noviembre de 2019.

La medida afecta a toda la provincia. Es por el atraso en los pagos de los traslados durante seis meses. La semana que viene se realizará una movilización para visibilizar la situación del sector.

Los transportistas que llevan adelante los traslados de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe decidieron a partir de hoy cortar los servicios debido al atraso de seis meses en el pago de las prestaciones y dejaron sin los mismos a unos 3.000 usuarios en toda la provincia.

Las protestas, paros, movilizaciones, gestiones ante las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la provincia a lo largo de los últimos dos años no fueron suficientes para dar respuesta a los pacientes quienes han visto recortadas las prestaciones.

Los afectados son los incluidos en el Plan Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad que dirige la vicepresidenta de la Nación, Gabriel Michetti.

Los pacientes del Incluir Salud, las tres mil personas que no tienen ninguna cobertura social y se atienden a través de ese programa, fueron transferidas a las provincias desde la Nación a partir de enero pasado. Si bien, a la hora de delegar el servicio a Santa Fe, el gobierno federal se comprometió a la transferencia de los fondos, nada de eso sucedió.

Hoy, el titular del la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes), Pablo Bolego, expresó su desazón por la media al señalar que "hace mucho tiempo que venimos reclamando por esta situación. Finalmente llegó el día, hemos tenido que suspender el servicio para personas con discapacidad que están en el Plan Incluir Salud".

"Durante meses hemos alzado la voz e intentado poner en agenda la irreversible situación que atraviesa el sector de transportistas para personas con discapacidad. Hoy, el escenario que advertíamos se hizo realidad", recordó Bolego.

Al explicar la cadena de responsabilidades, el dirigente señaló que "la provincia no cumple con el pago de los servicios que ya se han brindado, costeado y hasta tributado, porque según informan, no se reciben los fondos que Nación transfiere para esta prestación".

Bolego se refirió al vínculo emocional que se genera con las personas transportadas y señaló que para hoy "hemos diseñado para hoy una logística para entregar las viandas que las instituciones preparan para estas personas y llevárselas a sus casas” y cerró diciendo: "Hoy es un día muy triste para nosotros, nunca pensamos que íbamos a llegar a este extremo".

Sin embargo, la lucha no llegó a su fin. El titular de Atraes recordó que la semana próxima habrá una movilización -similar a la realizada en el Monumento a la Bandera en septiembre pasado- con el objetivo de visibilizar la situación del sector ante la ciudadanía y el perjuicio que se ocasiona.

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/transportistas-dejaron-prestar-servicios-hoy-unas-3000-personas-discapacidad-n2539654.html#_=_