Ene 24, 2019.
Por: Franco Spinetta- Página 12.
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri por decretar la venta de diferentes inmuebles, sin la autorización del Congreso y amparado en una ley de la dictadura que perdió vigencia hace seis años.
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri por decretar la venta de diferentes inmuebles, sin la autorización del Congreso y amparado en una ley de la dictadura que perdió vigencia hace seis años.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, sigue acumulando denuncias en Tribunales. Esta vez, lo acusaron de poner a la venta 53 inmuebles públicos sin autorización del Congreso, tal como lo marca la Constitución. En total se trata de más de 50 hectáreas, la mitad ubicadas en Puerto Madero.
Los abogados Rafael Klejzer y Jonatan Baldiviezo, integrantes de Izquierda Popular, radicaron la denuncia en el Juzgado Federal Nº 10 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además pidieron que se dicte una cautelar para frenar la subasta de tres inmuebles programada para el mes de marzo en el Banco Ciudad.
En los fundamentos de los tres decretos firmados en 2016, a través de los cuales el Ejecutivo dispuso la venta de 53 inmuebles, se sostiene que la enajenación está amparada por la ley 22.423, “sancionada” durante la última dictadura cívico militar. Klejzer y Baldiviezo advirtieron que esa ley está vencida desde hace seis años, y que además cuenta con jurisprudencia en su contra.
De hecho, la jueza en lo Contencioso Administrativa del Juzgado Nº 19 de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Danas, ordenó suspender la subasta del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Instituto Antártico Argentino, invocando la nulidad de la normativa. Los trabajadores del Instituto lograron frenar su venta, luego de que denunciaran que no sólo el edificio poseía valor patrimonial –es un petit hotel de estilo francés- sino que también se ponía en riesgo todo el acervo investigativo sobre la Antártida que está contenido en una biblioteca de más de 10 mil volúmenes.
“Son ventas absolutamente ilegales, el Presidente no tiene facultades para vender tierras de la Nación y necesita sí o sí autorización del Congreso”, explicó Baldiviezo. “Los tres decretos se fundan en una ley que ha perdido vigencia. Por lo tanto, el Presidente se está arrogando facultades del Congreso, haciendo uso de una norma que perdió vigencia hace más de seis años, constituyendo un verdadero abuso de autoridad”, amplió el abogado.
Entre los inmuebles que Macri quiere vender hay de todo: residencias de embajadores en el exterior, dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que aseguran seguirá funcionando), un boliche del Conurbano, tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
El Ejecutivo quiere enajenar también casi 92 mil m2 de terrenos ferroviarios en el barrio de Retiro, que serán destinados a construir un complejo de oficinas y viviendas de alto nivel. El predio en cuestión es conocido como Empalme Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II. La Legislatura porteña ya avanzó con su rezonificación, aun cuando ni siquiera fue subastado, para que una vez vendido el negocio esté al alcance de la mano.
Según los abogados denunciantes, estas tierras están predestinadas para quedar en manos de las “grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias -también amigos del Presidente- y sus socios, como Eduardo Elzstain (dueño de IRSA S.A.) y Nicky Caputo”, quienes ya son propietarios de gran parte de un terreno aledaño conocido como Catalinas Norte, vendido en 2009 por el entonces jefe de Gobierno porteño.
Durante su jefatura del Gobierno, Macri recurrió en varias ocasiones a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre concesiones y ventas, el PRO cedió al mercado más de 300 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de medio millón de personas.
En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y sin fecha de reapertura confirmada.
Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por Macri, que proponía la venta de 40 inmuebles, también considerados innecesarios. El dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron.
En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además la Ciudad atraviesa una crisis crónica por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.
https://www.conclusion.com.ar/por-los-medios/por-decreto-macri-vendio-53-propiedades-del-estado/01/2019/
Por: Franco Spinetta- Página 12.
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri por decretar la venta de diferentes inmuebles, sin la autorización del Congreso y amparado en una ley de la dictadura que perdió vigencia hace seis años.
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri por decretar la venta de diferentes inmuebles, sin la autorización del Congreso y amparado en una ley de la dictadura que perdió vigencia hace seis años.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, sigue acumulando denuncias en Tribunales. Esta vez, lo acusaron de poner a la venta 53 inmuebles públicos sin autorización del Congreso, tal como lo marca la Constitución. En total se trata de más de 50 hectáreas, la mitad ubicadas en Puerto Madero.
Los abogados Rafael Klejzer y Jonatan Baldiviezo, integrantes de Izquierda Popular, radicaron la denuncia en el Juzgado Federal Nº 10 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además pidieron que se dicte una cautelar para frenar la subasta de tres inmuebles programada para el mes de marzo en el Banco Ciudad.
En los fundamentos de los tres decretos firmados en 2016, a través de los cuales el Ejecutivo dispuso la venta de 53 inmuebles, se sostiene que la enajenación está amparada por la ley 22.423, “sancionada” durante la última dictadura cívico militar. Klejzer y Baldiviezo advirtieron que esa ley está vencida desde hace seis años, y que además cuenta con jurisprudencia en su contra.
De hecho, la jueza en lo Contencioso Administrativa del Juzgado Nº 19 de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Danas, ordenó suspender la subasta del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Instituto Antártico Argentino, invocando la nulidad de la normativa. Los trabajadores del Instituto lograron frenar su venta, luego de que denunciaran que no sólo el edificio poseía valor patrimonial –es un petit hotel de estilo francés- sino que también se ponía en riesgo todo el acervo investigativo sobre la Antártida que está contenido en una biblioteca de más de 10 mil volúmenes.
“Son ventas absolutamente ilegales, el Presidente no tiene facultades para vender tierras de la Nación y necesita sí o sí autorización del Congreso”, explicó Baldiviezo. “Los tres decretos se fundan en una ley que ha perdido vigencia. Por lo tanto, el Presidente se está arrogando facultades del Congreso, haciendo uso de una norma que perdió vigencia hace más de seis años, constituyendo un verdadero abuso de autoridad”, amplió el abogado.
Entre los inmuebles que Macri quiere vender hay de todo: residencias de embajadores en el exterior, dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que aseguran seguirá funcionando), un boliche del Conurbano, tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
El Ejecutivo quiere enajenar también casi 92 mil m2 de terrenos ferroviarios en el barrio de Retiro, que serán destinados a construir un complejo de oficinas y viviendas de alto nivel. El predio en cuestión es conocido como Empalme Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II. La Legislatura porteña ya avanzó con su rezonificación, aun cuando ni siquiera fue subastado, para que una vez vendido el negocio esté al alcance de la mano.
Según los abogados denunciantes, estas tierras están predestinadas para quedar en manos de las “grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias -también amigos del Presidente- y sus socios, como Eduardo Elzstain (dueño de IRSA S.A.) y Nicky Caputo”, quienes ya son propietarios de gran parte de un terreno aledaño conocido como Catalinas Norte, vendido en 2009 por el entonces jefe de Gobierno porteño.
Durante su jefatura del Gobierno, Macri recurrió en varias ocasiones a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre concesiones y ventas, el PRO cedió al mercado más de 300 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de medio millón de personas.
En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y sin fecha de reapertura confirmada.
Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por Macri, que proponía la venta de 40 inmuebles, también considerados innecesarios. El dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron.
En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además la Ciudad atraviesa una crisis crónica por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.
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