Miércoles 13 de Enero de 2016.
Todo parecía indicar que la discusión estaba acotada al sector público. Sin embargo, el estallido de conflictos en empresas privadas empezó a echar luz sobre las dificultades de la economía. Terminación de contratos, retiros voluntarios y deudas salariales son parte del nuevo panorama.
Si quedaban dudas sobre si los despidos en el Estado eran un caso aislado, los recientes conflictos por recortes laborales en el sector privado pusieron a la orden del día el desempleo como un problema de la economía y una preocupación central en la agenda pública.
En los últimos días, la caza de "ñoquis" lanzada por el Gobierno desató la polémica en torno a la legitimidad del empleo público. En medio de crecientes protestas y la pasividad de las centrales obreras, el propio Presidente apuntó este martes contra "un Estado al servicio de la militancia política" y justificó así los más de 20.000 despidos en el sector estatal.
Al mismo tiempo se conocían 700 despidos en ARSAT y bajas en el Hospital Roffo, ubicado en la Ciudad y especializado en tratamientos oncológicos. Durante la jornada, los estatales de ATE cortaron la autopista La Plata y una asamblea en el Ministerio de Trabajo convocó a una concentración para este jueves frente a la cartera laboral en rechazo a 100 cesantías de empleados contratados.
Así las cosas, hasta ahora la discusión quedaba acotada al sector público. Sin embargo, el estallido de conflictos en empresas privadas empezó a echar luz sobre las dificultades de la economía ya no para generar nuevo empleo, como había prometido Mauricio Macri, sino para mantenerlo. Eso es lo que ocurre en el rubro metalúrgico, cerámica, petróleo, construcción, gastronomía, alimentos, prensa y transporte.
Cada vez son más las firmas de importante tamaño que recurren a los "retiros voluntarios" o, en sintonía con la política estatal, apelan a la opción de no renovar contratos. En otros casos, se acumulan las deudas salariales y se reclaman subsidios al Gobierno nacional para cuidar las fuentes laborales. Sea como fuere, el denominador común es la reducción de los planteles, con las consecuencias sociales que ello acarrea.
En efecto, la conflictividad laboral experimentó un fuerte incremento en diciembre, según un informe de la consultora Tendencias Económicas. Los paros aumentaron casi 4 veces respecto del mismo mes del año pasado, principalmente en el sector público. En tanto, los despidos alcanzaron los 5.439, casi 5 veces más que en diciembre del 2014, y un 25% del total correspondieron al sector privado.
Despidos en empresas
Un ejemplo de la extensión de las tensiones que atravieza el sector privado es lo que sucede en la Cerámica San Lorenzo, que este martes instó a unos 100 operarios a apegarse a un programa de retiros voluntarios en su planta de producción ubicada en la localidad bonaerense de Azul, mientras que la Federación Obrera Ceramista inició un paro por tiempo indefinido en la compañía por entender que son "despidos encubiertos".
La medida de fuerza para exigir la baja del plan de retiros voluntarios fue acompañada con un paro de cuatro horas por turno en las plantas del mismo grupo empresario ubicadas en Puerto Madryn (Chubut) y Villa Mercedes (San Luis), mientras que en la fábrica de San Juan los operarios seguían el caso con detenimiento.
La compañía -propiedad una importante multinacional del grupo Etex con sede en Bélgica y 118 plantas en 43 países- argumentó que tuvo que pedir el retiro a los 100 operarios debido a "una crisis económica", pero los trabajadores dijeron que la firma no pudo demostrarlo a través de los expedientes administrativos.
En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica de La Plata advirtió este martes que podría haber unos 57 despidos en la planta autopartista que la empresa PSA Peugeot-Citroen tiene en la localidad bonaerense de Jeppener, aunque desde la compañía lo negaron.
Según la municipalidad de Brandsen, la situación respondería a la caída de un proyecto que consistía en fabricar un motor y una caja de velocidades que iban a tener como destino la India. Por ello, el gremio pide adherir al Plan Repro, por el cual es Estado cubre un parte del sueldo ($2.000) de los trabajadores en empresas con dificultades económicas.
En Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Frideco se reunieron la semana pasada en el Ministerio de Trabajo con representantes de la cartera laboral, de la empresa y del Sindicato de la Carne, luego de que la empresa cerrara sus puertas y dejara en la calle a más de 100 trabajadores y sus familias.
No es el único caso en la provincia. El ministro de trabajo Jorge Triaca recibió días atrás a Mariana Vassalli, actual titular de la fábrica de cosechadoras homónima, cuya situación crítica en la localidad de Firmat amenaza con afectar los más de 600 puestos de trabajos directos.
Impactada por la caída del convenio con Venezuela, que suspendió las órdenes de compra y los pagos de las máquinas que ya fueron entregadas, la empresa enfrenta un parate productivo desde hace un año y medio. Ahora, redujo la jornada laboral a cuatro horas, aunque abona la totalidad de convenio, y a su vez, goza de crédito fiscal por más de diez millones de dólares.
El de Vassalli es un caso similar al que le ocurrió a la avícola Cresta Roja, también afectada por los maltrechos acuerdos con Venezuela. Luego de que un consorcio conformado por Ovoprot, Tanacorsa y el grupo Lacua tomara posesión de la firma bonaerense, los nuevos representantes confirmaron en los últimos días que realizarán un ajuste parecido al que proponían sus anteriores dueños, Rasic Hermanos, y que había sido rechazado por los trabajadores.
Según fuentes gremiales, la empresa anunció que no reconocerá la antigüedad de los trabajadores, pagará un sueldos con una rebaja del 30% y que su intención es tomar una primera tanda de trabajadores en las plantas de faena en marzo, siempre y cuando la aduana les permitiera importar huevos, mientras que el ingreso de la totalidad de los trabajadores quedará sujeto a la evolución de la producción.
Patagonia rebelde
En el sur del país, la situación es más delicada. Unos cien efectivos de la Gendarmería Nacional llegaron este martes por la mañana a Caleta Olivia, en Santa Cruz, para despejar el piquete que desde hace siete días realizan obreros de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, por el pago de salarios adeudados y el freno de 1.800 despidos.
En tanto, el gobierno de Santa Cruz cruzó este martes con dureza a la firma de Báez por su intención de "confundir a la sociedad" al decir que la provincia está en condiciones de destrabar un pago de Vialidad Nacional para evitar despidos.
En un comunicado, la gestión de Alicia Kirchner responsabilizó al empresario por las cesantías y pidió "a la autoridad nacional" para que "garantice la continuidad de las obras para Santa Cruz, que son fundamentales para su desarrollo y para el mantenimiento del empleo para los santacruceños".
En tanto, gremios petroleros chubutenses pusieron como fecha límite para garantizar la "paz social" el 20 de enero próximo y elevaron así la presión al Gobierno nacional para definir su política hidrocarburífera, tras reclamar un mecanismo para elevar valores del crudo destinado a exportación con el precio sostén acordado a nivel local.
Más de 1.000 obreros de Comodoro Rivadavia se trasladaron el lunes a Rawson, capital de Chubut, en reclamo por la defensa de los puestos laborales. El problema se presenta en el caso de cuencas que exportan el 40 por ciento de su producción, debido a que las empresas sostienen que el alicaído precio internacional les torna casi inviable su actividad y esto podría derivar en despidos.
Si bien en la Argentina aún no hubo despidos masivos en el sector petrolero, varias compañías avanzaron con cientos de retiros voluntarios. Las más complicadas son las pymes de servicios por lo que se ven amenazados unos 500 empleos en Chubut, la primera mayor productora de hidrocarburos del país.
El conflicto viene increscendo desde diciembre. Los sindicatos petroleros de toda la Patagonia mantienen conversaciones desde fin de año, cuando unos 15.000 trabajadores realizaron una marcha masiva hacia la ciudad de Buenos Aires y un acampe por tiempo indefinido en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
El gobernador Mario Das Neves le advirtió a Macri que si no se toman medidas rápidas ante la particular situación en la que quedaron las operadoras que exportan su producción, podría haber una sangría de empleos en el Golfo de San Jorge, que se extiende por el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.
Cambiemos pero no tanto
En una jornada agitada por múltiples protestas contra los despidos, Macri defendió este martes los recortes al asegurar que los empleados desvinculados estaban "al servicio de la militancia política", pero aseguró que va a "cuidar el empleo", por lo que consideró que no va a "tener ninguna crisis social".
"Cada argentino que encontramos escondido o que no viene (a trabajar) y cobra un salario, tiene que entender que va a tener un lugar, que lo necesitamos, y que no tiene que depender de devolver un sobre capaz con la mitad de su salario", enfatizó.
En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el mandatario aseveró que "el Estado tiene que estar al servicio de todos, porque no es del partido político que ganó la elección" y reveló que desde el Gobierno han "visto a lo largo de estos treinta días es un enorme vaciamiento del Estado".
"Hay un Estado que no tiene procedimientos administrativos claros. Yo vengo de un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tenía expediente electrónico, acá no encontramos los expedientes, que están en papel", cuestionó.
En este sentido, dijo que "no" quiere "que haya más argentinos que le dibujen un recibo salarial por un trabajo que no hace" y remarcó que "este país puede darle oportunidades de trabajo a todos para que puedan crecer".
"Va a venir a la Argentina un proceso de inversión muy importante. Estoy yendo a (el foro económico de) Davos la semana que viene. Tenemos una agenda llena de pedidos de reuniones, no nos dan las horas para atender a todos aquellos que están interesando en el futuro de la Argentina, en invertir en nuestro país", sentenció.
El optimismo de Macri coincide con el de las encuestas realizadas por consultoras como SEL y Manpower, en las que las expectativas empresarias de contratación de personal experimentaron un leve repunte en el primer trimestre.
Resta por ver si los planes privados se materializan y alcanzan para compensar la pérdida de empleos que comenzó a acelerarse desde diciembre, tras las medidas adoptadas por el nuevo gobierno.
Mientras tanto, el achique en las empresas juega a favor del objetivo oficial de moderar las subas salariales. El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, lo explicitó días atrás al advertir que los reclamos gremiales podían poner en riesgo el empleo.
Sin embargo, lo que está ocurriendo es diferente. Cuando la mayoría de los gremios todavía no inició paritarias, el Estado y las empresas comenzaron a reducir sus plantillas.
Con todo, el macrismo da muestras de que no todo es "cambio" y le resulta ventajoso recurrir a las fuentes laborales como prenda de negociación para mantener a raya los sindicalistas.
Después de todo, más allá de los estilos, se trata del mismo planteo que les hacía Cristina Kirchner cuando durante los actos oficiales sosprendía a los jerarcas gremiales para pedirles, en tono de reto, que fuesen "inteligentes" y "cuiden el empleo", en plena discusión salarial.
http://www.iprofesional.com/notas/225851-La-ola-de-despidos-comienza-a-extenderse-al-sector-privado-y-el-desempleo-se-instala-en-la-agenda-politica?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
Todo parecía indicar que la discusión estaba acotada al sector público. Sin embargo, el estallido de conflictos en empresas privadas empezó a echar luz sobre las dificultades de la economía. Terminación de contratos, retiros voluntarios y deudas salariales son parte del nuevo panorama.
Si quedaban dudas sobre si los despidos en el Estado eran un caso aislado, los recientes conflictos por recortes laborales en el sector privado pusieron a la orden del día el desempleo como un problema de la economía y una preocupación central en la agenda pública.
En los últimos días, la caza de "ñoquis" lanzada por el Gobierno desató la polémica en torno a la legitimidad del empleo público. En medio de crecientes protestas y la pasividad de las centrales obreras, el propio Presidente apuntó este martes contra "un Estado al servicio de la militancia política" y justificó así los más de 20.000 despidos en el sector estatal.
Al mismo tiempo se conocían 700 despidos en ARSAT y bajas en el Hospital Roffo, ubicado en la Ciudad y especializado en tratamientos oncológicos. Durante la jornada, los estatales de ATE cortaron la autopista La Plata y una asamblea en el Ministerio de Trabajo convocó a una concentración para este jueves frente a la cartera laboral en rechazo a 100 cesantías de empleados contratados.
Así las cosas, hasta ahora la discusión quedaba acotada al sector público. Sin embargo, el estallido de conflictos en empresas privadas empezó a echar luz sobre las dificultades de la economía ya no para generar nuevo empleo, como había prometido Mauricio Macri, sino para mantenerlo. Eso es lo que ocurre en el rubro metalúrgico, cerámica, petróleo, construcción, gastronomía, alimentos, prensa y transporte.
Cada vez son más las firmas de importante tamaño que recurren a los "retiros voluntarios" o, en sintonía con la política estatal, apelan a la opción de no renovar contratos. En otros casos, se acumulan las deudas salariales y se reclaman subsidios al Gobierno nacional para cuidar las fuentes laborales. Sea como fuere, el denominador común es la reducción de los planteles, con las consecuencias sociales que ello acarrea.
En efecto, la conflictividad laboral experimentó un fuerte incremento en diciembre, según un informe de la consultora Tendencias Económicas. Los paros aumentaron casi 4 veces respecto del mismo mes del año pasado, principalmente en el sector público. En tanto, los despidos alcanzaron los 5.439, casi 5 veces más que en diciembre del 2014, y un 25% del total correspondieron al sector privado.
Despidos en empresas
Un ejemplo de la extensión de las tensiones que atravieza el sector privado es lo que sucede en la Cerámica San Lorenzo, que este martes instó a unos 100 operarios a apegarse a un programa de retiros voluntarios en su planta de producción ubicada en la localidad bonaerense de Azul, mientras que la Federación Obrera Ceramista inició un paro por tiempo indefinido en la compañía por entender que son "despidos encubiertos".
La medida de fuerza para exigir la baja del plan de retiros voluntarios fue acompañada con un paro de cuatro horas por turno en las plantas del mismo grupo empresario ubicadas en Puerto Madryn (Chubut) y Villa Mercedes (San Luis), mientras que en la fábrica de San Juan los operarios seguían el caso con detenimiento.
La compañía -propiedad una importante multinacional del grupo Etex con sede en Bélgica y 118 plantas en 43 países- argumentó que tuvo que pedir el retiro a los 100 operarios debido a "una crisis económica", pero los trabajadores dijeron que la firma no pudo demostrarlo a través de los expedientes administrativos.
En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica de La Plata advirtió este martes que podría haber unos 57 despidos en la planta autopartista que la empresa PSA Peugeot-Citroen tiene en la localidad bonaerense de Jeppener, aunque desde la compañía lo negaron.
Según la municipalidad de Brandsen, la situación respondería a la caída de un proyecto que consistía en fabricar un motor y una caja de velocidades que iban a tener como destino la India. Por ello, el gremio pide adherir al Plan Repro, por el cual es Estado cubre un parte del sueldo ($2.000) de los trabajadores en empresas con dificultades económicas.
En Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Frideco se reunieron la semana pasada en el Ministerio de Trabajo con representantes de la cartera laboral, de la empresa y del Sindicato de la Carne, luego de que la empresa cerrara sus puertas y dejara en la calle a más de 100 trabajadores y sus familias.
No es el único caso en la provincia. El ministro de trabajo Jorge Triaca recibió días atrás a Mariana Vassalli, actual titular de la fábrica de cosechadoras homónima, cuya situación crítica en la localidad de Firmat amenaza con afectar los más de 600 puestos de trabajos directos.
Impactada por la caída del convenio con Venezuela, que suspendió las órdenes de compra y los pagos de las máquinas que ya fueron entregadas, la empresa enfrenta un parate productivo desde hace un año y medio. Ahora, redujo la jornada laboral a cuatro horas, aunque abona la totalidad de convenio, y a su vez, goza de crédito fiscal por más de diez millones de dólares.
El de Vassalli es un caso similar al que le ocurrió a la avícola Cresta Roja, también afectada por los maltrechos acuerdos con Venezuela. Luego de que un consorcio conformado por Ovoprot, Tanacorsa y el grupo Lacua tomara posesión de la firma bonaerense, los nuevos representantes confirmaron en los últimos días que realizarán un ajuste parecido al que proponían sus anteriores dueños, Rasic Hermanos, y que había sido rechazado por los trabajadores.
Según fuentes gremiales, la empresa anunció que no reconocerá la antigüedad de los trabajadores, pagará un sueldos con una rebaja del 30% y que su intención es tomar una primera tanda de trabajadores en las plantas de faena en marzo, siempre y cuando la aduana les permitiera importar huevos, mientras que el ingreso de la totalidad de los trabajadores quedará sujeto a la evolución de la producción.
Patagonia rebelde
En el sur del país, la situación es más delicada. Unos cien efectivos de la Gendarmería Nacional llegaron este martes por la mañana a Caleta Olivia, en Santa Cruz, para despejar el piquete que desde hace siete días realizan obreros de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, por el pago de salarios adeudados y el freno de 1.800 despidos.
En tanto, el gobierno de Santa Cruz cruzó este martes con dureza a la firma de Báez por su intención de "confundir a la sociedad" al decir que la provincia está en condiciones de destrabar un pago de Vialidad Nacional para evitar despidos.
En un comunicado, la gestión de Alicia Kirchner responsabilizó al empresario por las cesantías y pidió "a la autoridad nacional" para que "garantice la continuidad de las obras para Santa Cruz, que son fundamentales para su desarrollo y para el mantenimiento del empleo para los santacruceños".
En tanto, gremios petroleros chubutenses pusieron como fecha límite para garantizar la "paz social" el 20 de enero próximo y elevaron así la presión al Gobierno nacional para definir su política hidrocarburífera, tras reclamar un mecanismo para elevar valores del crudo destinado a exportación con el precio sostén acordado a nivel local.
Más de 1.000 obreros de Comodoro Rivadavia se trasladaron el lunes a Rawson, capital de Chubut, en reclamo por la defensa de los puestos laborales. El problema se presenta en el caso de cuencas que exportan el 40 por ciento de su producción, debido a que las empresas sostienen que el alicaído precio internacional les torna casi inviable su actividad y esto podría derivar en despidos.
Si bien en la Argentina aún no hubo despidos masivos en el sector petrolero, varias compañías avanzaron con cientos de retiros voluntarios. Las más complicadas son las pymes de servicios por lo que se ven amenazados unos 500 empleos en Chubut, la primera mayor productora de hidrocarburos del país.
El conflicto viene increscendo desde diciembre. Los sindicatos petroleros de toda la Patagonia mantienen conversaciones desde fin de año, cuando unos 15.000 trabajadores realizaron una marcha masiva hacia la ciudad de Buenos Aires y un acampe por tiempo indefinido en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
El gobernador Mario Das Neves le advirtió a Macri que si no se toman medidas rápidas ante la particular situación en la que quedaron las operadoras que exportan su producción, podría haber una sangría de empleos en el Golfo de San Jorge, que se extiende por el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.
Cambiemos pero no tanto
En una jornada agitada por múltiples protestas contra los despidos, Macri defendió este martes los recortes al asegurar que los empleados desvinculados estaban "al servicio de la militancia política", pero aseguró que va a "cuidar el empleo", por lo que consideró que no va a "tener ninguna crisis social".
"Cada argentino que encontramos escondido o que no viene (a trabajar) y cobra un salario, tiene que entender que va a tener un lugar, que lo necesitamos, y que no tiene que depender de devolver un sobre capaz con la mitad de su salario", enfatizó.
En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el mandatario aseveró que "el Estado tiene que estar al servicio de todos, porque no es del partido político que ganó la elección" y reveló que desde el Gobierno han "visto a lo largo de estos treinta días es un enorme vaciamiento del Estado".
"Hay un Estado que no tiene procedimientos administrativos claros. Yo vengo de un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tenía expediente electrónico, acá no encontramos los expedientes, que están en papel", cuestionó.
En este sentido, dijo que "no" quiere "que haya más argentinos que le dibujen un recibo salarial por un trabajo que no hace" y remarcó que "este país puede darle oportunidades de trabajo a todos para que puedan crecer".
"Va a venir a la Argentina un proceso de inversión muy importante. Estoy yendo a (el foro económico de) Davos la semana que viene. Tenemos una agenda llena de pedidos de reuniones, no nos dan las horas para atender a todos aquellos que están interesando en el futuro de la Argentina, en invertir en nuestro país", sentenció.
El optimismo de Macri coincide con el de las encuestas realizadas por consultoras como SEL y Manpower, en las que las expectativas empresarias de contratación de personal experimentaron un leve repunte en el primer trimestre.
Resta por ver si los planes privados se materializan y alcanzan para compensar la pérdida de empleos que comenzó a acelerarse desde diciembre, tras las medidas adoptadas por el nuevo gobierno.
Mientras tanto, el achique en las empresas juega a favor del objetivo oficial de moderar las subas salariales. El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, lo explicitó días atrás al advertir que los reclamos gremiales podían poner en riesgo el empleo.
Sin embargo, lo que está ocurriendo es diferente. Cuando la mayoría de los gremios todavía no inició paritarias, el Estado y las empresas comenzaron a reducir sus plantillas.
Con todo, el macrismo da muestras de que no todo es "cambio" y le resulta ventajoso recurrir a las fuentes laborales como prenda de negociación para mantener a raya los sindicalistas.
Después de todo, más allá de los estilos, se trata del mismo planteo que les hacía Cristina Kirchner cuando durante los actos oficiales sosprendía a los jerarcas gremiales para pedirles, en tono de reto, que fuesen "inteligentes" y "cuiden el empleo", en plena discusión salarial.
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