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viernes, 12 de enero de 2018

La ley de ART en la provincia sigue generando más dudas que consensos

12 enero 2018.



La posible adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de ART sancionada hace un año en el Congreso de la Nación sigue generando más dudas que certezas. Mientras los sectores empresarios piden al poder ejecutivo el envío del proyecto a la Legislatura, los gremios ratifican la oposición. El ministro de Trabajo, Julio Genesini, consideró que para que se dé el tratamiento deben generar discusiones y consensos que representen a todos los sectores. Opinó que la ley tal como fue sancionada generará más problemas que soluciones en el territorio provincial.

El jefe del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, Rubén Galassi, dijo que actualmente no hay proyectos en tratamiento y apuntó a reforzar los comités de higiene y seguridad para cuidar la salud de los trabajadores y reducir la litigiosidad. “La norma aprobada es un atajo que no soluciona el problema”, aseguró. El Movimiento Sindical Rosarino (MSR) se mantiene firme en su oposición y consideró que una adhesión sería un suicidio. Para el presidente de la Cámara Laboral de Rosario, Eduardo Pastorino, la adhesión tiene una connotación política y no puede pensarse sin modificaciones.

La modificación de la ley de ART fue sancionada en febrero del año pasado en el Congreso Nacional. Primero la trató el Senado y antes del visto bueno de Diputados el presidente Mauricio Macri intentó darle luz verde por decreto.  Ante las críticas, el proyecto se envió a Diputados donde finalmente fue aprobado.  El principal cambio es que es obligatorio y excluyente que los trabajadores que sufran un accidente de trabajo pasen por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales antes de promover una demanda en el Poder Judicial. Si bien vale para todo el territorio nacional, la adhesión es provincial. Hasta la fecha la implementaron Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

Esta semana la noticia de una posible adhesión de la provincia encendió la alerta de los gremios. Según publicaron medios de la ciudad, la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, prometió en una reunión de fin de año de Fisfe el tratamiento. Desde el MRS consideraron la decisión desacertada y dijeron que era un suicidio para la provincia. En diálogo con El Ciudadano, Ciciliani aseguró que el tema no estaba en la agenda del ministerio que conduce y recordó que cuando era diputada votó en contra de la ley.

Matias Layús, del MSR, recordó que desde la organización gremial se opusieron a la norma desde un primer momento y que llevaron la posición a los gobrnadores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, a la Cámara de Diputados nacional y a la Legislatura provincial. “nos oponemos porque impide al trabajador el libre acceso a la Justicia obligándolo a transitar el camino burocrático de la comisión médica. En santa fe hay una sola y está en Rosario, por lo que los trabajadores deberían viajar. Y de crearse nuevas comisiones también es injusta porque impide el acceso al fuero laboral”

El ministro Julio Genesini dijo que la adhesión a la ley es un tema en agenda y en constante discusión desde la aprobación. “Hay un reclamo empresario de adhesión y hemos tenido reuniones con todos los actores. Todos hemos coincidido en que para la adhesión se debe adaptar. Tal como está es inviable porque en la provincia hay una sola comisión médica. Además, la ley tiene inconsistencias jurídicas que traería planteos de inconstitucionalidad. Para cualquier decisión queremos agotar todas las consultas necesarias porque es un tema que debe tener consensos”, dijo a este diario.

Desde el poder legislativo, Galassi dijo que aún no ingresó ningún proyecto a la Legislatura y que no está de acuerdo con la norma votada a nivel nacional. “Queremos que se apueste a los comités de seguridad e higiene que es la forma de evitar que el trabajador se accidente o se enferme como consecuencia del trabajo. La mejor manera de bajar la litigiosidad es preocupándonos por la salud del trabajador fomentando los comités y no buscando mecanismos que tratan de reducirla por atajos. Lo que hay que procurar es que el trabajador no se accidente ni enferme”, opinó en diálogo con este diario.

Según Eduardo Pastorino la adhesión tiene una connotación política. “La provincia de Santa Fe en materia de riesgo de trabajo quedó aislada en un contexto de provincias que adhirieron. Pero al mismo tiempo adherir con una sola comisión médica hoy es imposible. Mínimo tiene que haber cinco o seis para dar una respuesta rápida y eficaz”, explicó. Para el magistrado uno de los temas a modificar es el efecto de recursos que dispone que si el trabajador no está de acuerdo con el dictamen de la comisión no puede cobrar y tiene que transitar el camino judicial desde la disconformidad y sin resarcimiento.

Las claves de la modificación de la ley de ART

Comisiones médicas jurisdiccionales: serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las ART. El trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.

Comisión médica Central: si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Esto significa que se agregan dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la Justicia.

Ubicación de las comisiones médicas:
sólo hay 35 en todo el país y en 16 provincias sólo funciona una oficina. El trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado producto de las jornadas laborales deberá trasladarse hasta las comisiones médicas.

Indemnizaciones: en el proyecto oficial original no se establecía un criterio. Luego se introdujo que la indemnización se estime con el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables para que no se desactualice por la inflación.

Autoseguro Público Provincial: se creará el Autoseguro Público Provincial para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

https://www.elciudadanoweb.com/la-ley-de-art-en-la-provincia-sigue-generando-mas-dudas-que-consensos/

viernes, 3 de febrero de 2017

ART: sólo el 16% de los accidentes termina en juicio -

viernes 3 de Febrero de 2017.

El pasado 23 de enero, el Gobierno oficializó mediante un DNU la modificación del Sistema de Riesgos de Trabajo, con el argumento de que la reforma ameritaba realizarse con urgencia ante el fin de la feria judicial, que concluyó con la llegada de febrero.



El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea realizó un informe que, asegura, deja "en evidencia quienes serán los beneficiarios y quienes los perjudicados con la reforma".

Atenea destaca que el principal eje del nuevo sistema es el freno a la judicialización de los reclamos de los trabajadores, a través de la obligatoriedad del trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, órganos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo. A su vez, se establece el "despojo" de la Justicia Nacional del Trabajo, delegando los reclamos a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la creación de autoseguros provinciales y municipales.

"El diagnóstico del cual parte el informe se basa en un viejo reclamo de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) sustentado en el supuesto incremento de la litigiosidad, abonando la idea de la mal llamada 'industria del juicio' que pone en peligro la viabilidad del sistema", señala el informe.

Sin embargo, Atenea resalta que son la minoría los siniestros registrados que terminan en demandas judiciales: en 2015 de 659.041 siniestros registrados se iniciaron 106.021 juicios, lo que demuestra que sólo el 16,08% de los casos fueron judicializados y las aseguradoras recibieron una demanda por cada 92 trabajadores asegurados.

Por otro lado, la cantidad de trabajadores formales cubiertos a octubre de 2016 llegó a 9.750.241 (con una variación interanual del -0,1%), y la facturación de las ART alcanzó $5.902.841.412. Esto manifiesta un aumento del 30% respecto al mismo período del año anterior, manteniendo una morosidad muy baja en el orden del 7,4%. Además, los balances presentados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, reflejan que al tercer trimestre de 2016, las ART obtuvieron una ganancia neta de $ 1.563.093.771.

Para Atenea, respecto a los cambios que introduce el DNU, no se prevé "una baja del 'costo laboral' dado que no se establecen modificaciones en los porcentajes de alícuotas que pagan los empleadores por el seguro de riesgos del trabajo. Sin embargo, gracias a las nuevas implementaciones, sí se terminará maximizando el margen de ganancia de las aseguradoras".

El Centro de Estudios sostiene que con este nuevo sistema "el trabajador será obligado a presentarse ante comisiones médicas previo a iniciar cualquier juicio (civil o laboral), trámite que gozará de un plazo de hasta 60 días hábiles administrativos prorrogables y la aceptación de la indemnización significará el fin del pleito y se impedirá el acceso a la justicia ordinaria. Para el caso que el trabajador no acepte, el acceso a la justicia supondrá un efecto suspensivo de aquello dictaminado en las Comisiones Médicas".

Y continúa: "Así, se impide un ágil acceso a la justicia insistiendo en un trámite que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -y cortes provinciales- en una infinidad de fallos desde el 2004 a la fecha. Haber impuesto un carácter suspensivo al reclamo favorece a las ART, en tanto no abonarán las indemnizaciones hasta la conclusión definitiva del juicio. Esto supondrá un factor relevante al momento de definir la aceptación del monto declarado en Comisiones Médicas". "Otro de los cambios que se establecen es el de suprimir la posibilidad de demandar ante el domicilio del demandado (como es en todas las ramas del Derecho), una medida con una clara intención de desagotar de reclamos el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, se despoja a la Justicia Nacional del Trabajo y se delega la competencia a la CABA, es decir, si el domicilio del demandado es en la CABA, los juicios deberán hacerse en esa jurisdicción en lugar de la Justicia Nacional del Trabajo como sucedía en el sistema anterior", agrega el informe.

Por último, Atenea analiza la creación del sistema de autoseguro de las provincias y municipios que ya se encontraba vigente y en práctica para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que los gobiernos provinciales y municipales pueden asegurar a sus propios trabajadores derivando la atención médica a una empresa tercerizada. "De esta manera, el trabajador pierde calidad en la atención médica", sostiene.

"En conclusión, este decreto no presenta reformas ni mejoras en materia de prevención de riesgos, ni tiende a sentar las bases de una nueva concepción de la salud en los ámbitos laborales. Como demuestran los números en relación a la cantidad de siniestros y juicios, no existe una inviabilidad del sistema que amerite una reforma de estas características. Una vez más se pierde la oportunidad de mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en el país", concluye el informe.

http://www.ambito.com/871665-art-solo-el-16-de-los-accidentes-termina-en-juicio

lunes, 23 de enero de 2017

Abogados cuestionaron uso de DNU para reformar ART -

Lunes 23 de Enero de 2017.

Abogados constitucionalistas y del ámbito laboral cuestionaron el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri, luego de que este lunes se publicara en el Boletín Oficial el decreto que modifica la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), por considerar en este caso que es "inconstitucional" y que no existen "circunstancias excepcionales" que lo justifiquen.



Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, sostuvo en declaraciones a ámbito.com que "lo primero que dice la Constitución es que solamente se puede dictar un DNU cuando en circunstancias excepcionales sea imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la misma".

Y en ese sentido agregó: "La Constitución está poniendo límites y creo que se ve de manera clara que no se dan esas circunstancias excepcionales. No sólo eso, menos podría darse en una materia que ya tiene media sanción del Congreso".

Para el académico Gregorio Badeni, "es válido un DNU que modifique una ley" dado que "lo prevé la Constitución Nacional desde la reforma de 1994". Sin embargo, remarca que el único "obstáculo" que podría tener el DNU que modifica la Ley de Riesgo de Trabajo es que "hay media sanción sobre la materia en el Congreso, por parte de una de las Cámaras, que no se terminó de resolver por haber concluido el período legislativo".

"Algunos entendemos que si un tema está siendo debatido en el Congreso, no se puede emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre este tema hasta que el debate no concluya", sostuvo Badeni a este portal, al tiempo que agregó que el Ejecutivo "podría haber llamado a sesiones extraordianarias".

En esa línea se expresó el abogado laboralista Horacio Schick, quien cuestionó la medida del Gobierno por considerarla "inconstitucional" y arremetió contra el presidente Macri por considerar que ejerce un "hiperpresidencialismo".

"La Constitución establece en el artículo 99, inciso tercero, la posibilidad de dictar un DNU en situaciones excepcionales para sustituir el camino constitucional de dictar las leyes a través del Congreso", remarcó a ámbito.com, en línea con sus colegas.

"No es el único presidente que recurrió al DNU, pero es un abuso y una aberración de las reglas de derecho y un ejercicio de hiperpresidencialismo extremo que ellos dijeron que venían a cambiar", enfatizó.

En tanto, Badeni sostuvo que la necesidad de urgencia es un concepto político y no jurídico, sujeto "exclusivamente a la apreciación de los políticos y no a la de los jueces". Y añadió: "La urgencia o no es una facultad del poder Ejecutivo y Legislativo, pero se puede decir que el DNU no es constitucional por el hecho de que se esté debatiendo el tema en el Congreso".

Para Sabsay, el Ejecutivo "supera sus facultades y se está metiendo y usurpando facultades legislativas". En ese sentido, dijo que "es la tentación de los presidentes argentinos, después de cierto tiempo, de superar la potestad de los otros poderes y querer demostrar ejercicio de poder".

En ese orden, el abogado laboralista Horacio Schick cuestionó los argumentos del Gobierno al destacar que "el aumento de la litigiosidad y de la eventual presentación de demandas hasta la aprobación de la ley en la Cámara baja no son razones suficientes para recurrir a medidas que alteren el estado republicano, la división de poderes y el Estado derecho".

Schick fue más allá del cuestionamiento al DNU firmado por el Presidente, al advertir que el contenido de la ley también es controvertido "porque se enfrenta a cuatro fallos de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el procedimiento establecido en la ley original de Riesgo de Trabajo sancionada en 1995 que obliga a transitar las Comisiones Médicas".

• El camino del DNU

El Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017 pasará a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se reunirá el próximo jueves ya que cumple funciones aun durante el receso del Congreso, donde se deberá revisar la pertinencia del mismo y poner en consideración e informar al Congreso los dictámenes que se emitan para que luego sea tratado en Diputados y Senadores.

En tanto, al Gobierno le alcanza con que una de las dos Cámaras avale el DNU para que sea ratificado.

http://www.ambito.com/870300-abogados-cuestionaron-uso-de-dnu-para-reformar-art

jueves, 19 de enero de 2017

El Presidente ya firmó el DNU que modifica la ley de riesgos del trabajo -

19/01/2017.

Apuró la medida en pleno receso legislativo, para evitar sorpresas en Diputados. Quiere bajar la litigiosidad laboral.

Mauricio Macri en el acto por el traspaso de la Justicia a la Ciudad, el jueves en la Casa Rosada. Foto: Presidencia.


Mauricio Macri ya firmó su primer DNU de 2017. El Presidente firmó ayer el decreto que modifica la ley de ART. El texto de la norma esperaba en la secretaría Legal y Técnica, luego de haber sido presentado en la reunión de Gabinete del martes y en la posterior reunión de coordinación. Si bien el Jefe de Estado le reclama a la ciudadanía “no tomar atajos”, en la Casa Rosada decidieron no esperar al Congreso, que el 21 de diciembre pasado le había dado media sanción al proyecto de ley.

La negociación por la modificación de Ganancias, que se votó el mismo día en la Senado- obligó al oficialismo a postergar el debate por las ART en Diputados. El texto de la norma es el mismo que el oficialismo había negociado con el peronismo y la CGT, aseguraron en el ministerio de Trabajo. El único punto que varía es el de la financiación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Por tratarse de un DNU, el Gobierno no puede fijar cómo financiará esa dependencia. Bastará una reasignación de partidas de la jefatura de Gabinete. La comisión bicameral de DNU del Congreso deberá ratificar o rechazar el decreto. “Queremos acortar tiempos”, confirmó un ministro a Clarín.

La decisión del Ejecutivo de evitar al Congreso cosechó críticas de la oposición: reclaman que la reforma se trate en sesiones extraordinarias. También hubo disidencias en Cambiemos. El radical Luis Naidenoff criticó el método. El oficialismo no quiere perder tiempo; considera vital la modificación de la ley para dinamizar el mercado laboral y reducir el empleo no formal. No quiere exponerse a una negociación de resultado incierto en Diputados.

En el ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca y en la Casa Rosada advierten que el decreto permitirá: una mejor atención a los trabajadores que se accidentan o se enferman y reducirá la litigiosidad del sistema: buscan reducir los 300 mil juicios abiertos con reclamos por US$ 4.500 millones. Planean reducir el impacto del seguro sobre el salario bruto.

Ante un accidente o una enfermedad laboral, la norma establece que será obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Si el trabajador no está conforme, podrá recurrir a la Justicia laboral. En Trabajo aseguran que ese punto ayudará a agilizar los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones. El DNU propone la creación del Autoseguro Público Provincial para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales dentro de la coberturas de ART. “Permitirá proteger a alrededor de 1 millón de empleados de 9 provincias, municipios que están fuera del sistema”, calculan fuentes oficiales. En el texto del decreto se establece que la superintendencia de Riesgos del Trabajo remitirá dentro de los próximos tres meses un proyecto de ley de protección y prevención laboral.

http://www.clarin.com/politica/dnu-art_0_Hkktp6C8e.html