La ciudad Transportistas dejaron de prestar servicios desde hoy a unas 3.000 personas con discapacidad

Viernes 01 de Noviembre de 2019.

La medida afecta a toda la provincia. Es por el atraso en los pagos de los traslados durante seis meses. La semana que viene se realizará una movilización para visibilizar la situación del sector.

Los transportistas que llevan adelante los traslados de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe decidieron a partir de hoy cortar los servicios debido al atraso de seis meses en el pago de las prestaciones y dejaron sin los mismos a unos 3.000 usuarios en toda la provincia.

Las protestas, paros, movilizaciones, gestiones ante las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la provincia a lo largo de los últimos dos años no fueron suficientes para dar respuesta a los pacientes quienes han visto recortadas las prestaciones.

Los afectados son los incluidos en el Plan Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad que dirige la vicepresidenta de la Nación, Gabriel Michetti.

Los pacientes del Incluir Salud, las tres mil personas que no tienen ninguna cobertura social y se atienden a través de ese programa, fueron transferidas a las provincias desde la Nación a partir de enero pasado. Si bien, a la hora de delegar el servicio a Santa Fe, el gobierno federal se comprometió a la transferencia de los fondos, nada de eso sucedió.

Hoy, el titular del la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes), Pablo Bolego, expresó su desazón por la media al señalar que "hace mucho tiempo que venimos reclamando por esta situación. Finalmente llegó el día, hemos tenido que suspender el servicio para personas con discapacidad que están en el Plan Incluir Salud".

"Durante meses hemos alzado la voz e intentado poner en agenda la irreversible situación que atraviesa el sector de transportistas para personas con discapacidad. Hoy, el escenario que advertíamos se hizo realidad", recordó Bolego.

Al explicar la cadena de responsabilidades, el dirigente señaló que "la provincia no cumple con el pago de los servicios que ya se han brindado, costeado y hasta tributado, porque según informan, no se reciben los fondos que Nación transfiere para esta prestación".

Bolego se refirió al vínculo emocional que se genera con las personas transportadas y señaló que para hoy "hemos diseñado para hoy una logística para entregar las viandas que las instituciones preparan para estas personas y llevárselas a sus casas” y cerró diciendo: "Hoy es un día muy triste para nosotros, nunca pensamos que íbamos a llegar a este extremo".

Sin embargo, la lucha no llegó a su fin. El titular de Atraes recordó que la semana próxima habrá una movilización -similar a la realizada en el Monumento a la Bandera en septiembre pasado- con el objetivo de visibilizar la situación del sector ante la ciudadanía y el perjuicio que se ocasiona.

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/transportistas-dejaron-prestar-servicios-hoy-unas-3000-personas-discapacidad-n2539654.html#_=_

Unos 2 mil personas con discapacidad se quedarían sin tratamientos en Rosario

Sábado 21 de Abril de 2018.

Por: Silvina Dezorzi.

Por atrasos de largos meses en el pago a los prestadores del programa nacional Incluir Salud, unas dos mil personas con discapacidad que carecen de obra social sólo en Rosario podrían quedarse sin servicios tan elementales como hogar, transporte especial, rehabilitación, centros educativo-terapéuticos, prótesis y ortopedia, entre otras "prestaciones básicas", afirmó uno de los referentes del sector, el kinesiólogo y directivo de dos instituciones especializadas, Fernando Flores.

Bajo riesgo. El Programa Incluir Salud cubre diversos aspectos, como el traslado de pacientes con discapacidades. Silvina Salinas.

En toda Santa Fe, los beneficiarios del programa llegan a tres mil y reciben 5.600 prestaciones. Sólo en Rosario, las "modalidades prestacionales" que utilizan estas personas —de sectores "muy vulnerables", sin obra social y de todas las edades, desde bebés a ancianos— llegan a 1.130. Si las deudas no se cancelan, sus titulares ya contemplan cortar todos los servicios.

Incluir Salud es un programa federal que ofrece cobertura médico asistencial a los beneficiarios de pensiones asistenciales, leyes especiales y pensiones graciables.

En diciembre pasado quedó bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, creada tres meses antes en el ámbito de la Vicepresidencia de la Nación y donde esta semana se produjeron unos 60 despidos (ver aparte).

De hecho, el titular de la agencia, Javier Ureta Sáenz Peña, se tomó licencia del cargo (supuestamente porque obtuvo una beca en California) y los rumores en el organismo dicen que podría concluir sus funciones definitivamente el próximo 1º de mayo.

Pero esos avatares burocráticos constantes no son los únicos que vienen afectando al programa. "Desde el punto de vista económico-financiero, la verdad es que funcionó siempre mal", contó Flores. Sólo que "el gobierno (de Mauricio Macri) prometió resolverlo, pero ya pasaron dos años y no mejoró nada", sostuvo.

El programa siempre quedó en el medio de diferentes modificaciones administrativas y supuestos intentos de eficientización, que paradójicamente complicaron más las cosas.

Por ejemplo, "al digitalizar las partidas presupuestarias se atrasaron todos los pagos", al punto de que el último período abonado a los prestadores —no la totalidad, sino sólo un 80 por ciento—, fue el trimestre agosto/septiembre/octubre del 2017, precisó el kinesiólogo. Desde entonces no les llegó ni un peso: llevan casi cinco meses sin cobrar.

Las instituciones sufren, encima, una deuda correspondiente a todo mayo del 2017, "por razones que desconocen".

Ante ese panorama, esta semana los prestadores de Incluir Salud realizaron una asamblea en Buenos Aires donde comenzaron a delinear una "batería" de estrategias para garantizar los pagos y exigir la continuidad del programa nacional, algo que ya ponen seriamente en duda.

"El gobierno parece tener una meta: no pagar, achicar el gasto público como sea, por eso el ajuste ya llegó también a discapacidad", arriesgó Flores, con el agravante de que se trata de beneficiarios "absolutamente humildes", lo que "a la discapacidad le suma la mayor vulnerabilidad".

Si no se paga, las medidas contemplan una de máxima: cortar todos los servicios. "No queremos llegar a eso, pero ya empieza a parecer inevitable suspender las prestaciones", dijo el especialista.

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, en el país unas 45 mil personas dependen del programa, tres mil de ellas de Santa Fe.

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/unos-2-mil-personas-discapacidad-se-quedarian-tratamientos-rosario-n1593695.html

Vecino de Rosario empapeló su barrio contra Macri por la quita de la pensión su nieta

15 de Junio de 2017.

Un vecino del barrio Luis Agote de Rosario empapeló la zona con carteles contra el presidente Mauricio Macri a quien responsabilizó de haberle quitado la pensión por discapacidad a su nieta. Un proyecto con origen en Santa Fe y presentado en el Congreso nacional busca frenar el polémico recorte a partir de la derogación del decreto de 1997 en el que se basaron las suspensiones. Esta tarde hay una convocatoria en el Monumento a la Bandera desde las 19 para manifestar el repudio la medida.

El cartel de un quiosco, una cabina telefónica y hasta la puerta de un domicilio.(Twitter @everarnoldo)

“Gracias Macri por quitarle la pensión por discapacidad a mi nieta”, escribió, de forma irónica este hombre anónimo. El periodista Ever Arnoldo de El Tres descubrió los carteles y difudió fotos de algunos de ellos por su barrio.

La puerta de un domicilio, el cartel de un quiosco y hasta una cabina telefónica de Urquiza al 3300 aparecieron con mensajes contra el presidente.

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, la directora de Discapacidad de la Muicipalidad, Adriana Ciarlatini se sumó a la cadena de repudios contra la medida nacional y opinó que si de control se trataba, había muchos otros mecanismos intermedios antes que cercenar un derecho. “Fue una decisión política, no un error”, criticó.

https://www.rosario3.com/noticias/Vecino-de-Rosario-empapelo-su-barrio-contra-Macri-por-la-quita-de-la-pension-su-nieta-20170615-0007.html

Por los nuevos requisitos, este año se cayeron 70.000 pensiones de discapacitados

12/06/2017.

El recorte se acentuó en los últimos tres meses. Y hay demoras de un año para acceder al nuevo certificado.

El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 pensiones por discapacidad. Según pudo saber Clarín, el recorte se acentuó en los últimos tres meses. En lo que va de junio solamente la cartera que comanda Carolina Stanley quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes. Este diario también confirmó que hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. Hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.

Para concretar el recorte, el ministerio de Desarrollo Social echó mano del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’, aunque legisladores y abogados advierten que es errada la lectura puesto que afirman que con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo. Asimismo, desde el ministerio de Desarrollo Social, tras la nota que anteayer publicó Clarín finalmente aclaró a este diario cuáles son los criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. No podrá tener una pensión por discapacidad:

- Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.

-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

En el ministerio que conduce Carolina Stanley se negaron a brindar datos exactos de las bajas, aunque este diario accedió a la información oficial. “Esas personas están en un proceso, si reclaman y constatamos que les corresponde la pensión se podría reponer en el mismo día, así que preferimos no hablar de número bajas”, dijo a Clarín el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

“El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”, dijo Badino. “El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”, dijo a Clarín el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro. “Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión”, agrega el letrado, quien advierte que esta imprudencia da lugar a recursos de amparo.

Badino reconoció que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, se excusó. El funcionario admite que maneja más de un punto porcentual del producto bruto en presupuesto con todas las pensiones asistenciales, una caja para nada despreciable en épocas de vacas flacas y en momentos en los que el Gobierno lucha para alcanzar la meta del 4,2% de deficit fiscal. Dice el funcionario que este año entregó 34 mil pensiones nuevas, pero se niega a dar el número de las suspensiones, y destaca que en 2015 y 2016 también hubo bajas. También reconoce “que hay hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad” y atribuye esa demora a “la burocracia estatal”.

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

https://www.clarin.com/ieco/nuevos-requisitos-ano-cayeron-70000-pensiones-discapacitados_0_rk2T_unzb.html

La Gaceta 16/06/17.