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martes, 7 de febrero de 2017

Un candidato objetado por opositores y aliados -

07 de febrero de 2017.

Por: Miguel Jorquera.

La postulación de Carlos de Casas a la CIDH fue rechazada desde todo el arco político.
El FpV-PJ impugnó la postulación de De Casas ante el Ejecutivo y la OEA. El Frente Renovador, Libres del Sur y el FIT se sumaron a los cuestionamientos. El radical Alfonsín también reclamó explicaciones sobre el nombre elegido por Cambiemos para la CIDH.



La propuesta oficial del abogado Carlos Horacio de Casas –defensor de represores, como reveló PáginaI12– para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue impugnada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) ante el Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA). A la vez, el diputado radical Ricardo Alfonsín reclamó una explicación del Gobierno sobre la designación de De Casas, cuyo nombre fue propuesto desde su propio partido. Libres del Sur pidió que la canciller Susana Malcorra y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se presenten en el Congreso para “explicar la capacitación profesional y ética del candidato a la CIDH”. “El nombramiento de De Casas se inscribe en una política que apunta a la libertad de los genocidas presos y a legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la represión interior”, sostuvieron desde el FIT. “Es la lógica del gobierno de Macri en su evidente y proverbial desprecio por los derechos humanos”, se sumó Alberto Fernández, del Frente Renovador. 

Impugnado

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Comisión Interamericana debe estar compuesta por ‘personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos’. Sin embargo, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional no cumple con estos requisitos”, dice la misiva que los legisladores del FpV-PJ dirigieron a la OEA y en la que solicitan que “rechace su designación”.




Los diputados también enviaron una carta al presidente Mauricio Macri en los mismos términos. “A la ausencia de una trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la región debe sumarse el hecho de que De Casas se ha desempeñado como defensor de un acusado por crímenes de lesa humanidad. En efecto, De Casas ha defendido al represor Enrique Blas Gómez Saa, actualmente impune por razones de salud. Gómez Saa fue integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y tiene pendiente un juicio oral por privaciones abusivas de la libertad y torturas cometidas entre 1976 y 1978 contra tres víctimas: Oscar Martín Guidone (estudiante), Martín Ignacio Lecea y Roberto Edmundo Vélez (militantes del Partido Comunista)”, indicaron los legisladores en las cartas de impugnación elevadas a Macri y la OEA, con la firma del jefe de la bancada, Héctor Recalde, Diana Conti, Teresa García, Julio Solanas, Luana Volnovich y otros diputados del FPV-PJ.

Prontuario

En el gobierno de Cambiemos tienen otra valoración del abogado De Casas. “Tiene amplia experiencia en materia de derecho penal, garantías del debido proceso y derechos humanos, educación, responsabilidad social empresaria, responsabilidad de jueces, fiscales y abogados y asesoramiento en general de organizaciones de la sociedad civil”, dice el currículum vitae que la comisión permanente de la Argentina ante la OEA adjuntó el 31 de enero a la candidatura oficial de De Casas como comisionado en la CIDH.

“Ha actuado internacionalmente en derechos humanos ante la CIDH (Washington DC) y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra). En esos casos ha trabajado tutelando los derechos de periodistas perseguidos y sentando precedente a nivel interamericano en materia de plazo razonable para la prisión preventiva”, agrega sin mayores detalles el CV con que el Gobierno candidateó a De Casas en la OEA.

El domingo pasado, en este diario, Horacio Verbitsky reveló detalles de esos casos. En 2004 se presentó “conjuntamente con el abogado Carlos Varela Álvarez, quien sí tiene experiencia ante la CIDH y que en la década de 1990 fue el abogado defensor del traficante sirio de armas Monzer Al Kassar. Se trata del caso 12.553, por violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a la libertad durante el proceso judicial, el derecho a ser oído en condiciones que garanticen el debido proceso y el derecho a un juicio justo e imparcial de los banqueros uruguayos del Opus Dei Jorge, José y Dante Peirano Basso, quienes fueron acusados por insolvencia societaria fraudulenta”, describió.

“En 2015, De Casas volvió a la CIDH, esta vez en compañía de los abogados Lucas Gómez y Javier Teitelbaum y de su socio en el estudio, Ignacio A. Boulin Victoria, quien sí obtuvo un diploma en Derechos Humanos en la American University de Washington y fue pasante en la CIDH. Solicitaron medidas cautelares en resguardo de la vida de Damián Pachter, quien cerca de la medianoche del 18 de enero de 2015 informó en las redes sociales que el cuerpo sin vida del ex fiscal general Natalio A. Nisman había sido hallado en un charco de sangre en el baño de su departamento, cosa que había sucedido dos horas antes. Luego de ello viajó a Israel alegando que había sido amenazado. A ninguno de sus compañeros de trabajo en la web del diario Buenos Aires Herald le había hablado de la presunta amenaza”, agregó Verbitsky sobre la segunda actuación de De Casas ante la CIDH. 

Repudio

“Es la lógica del gobierno de Macri, que demuestra un evidente y proverbial desprecio por los derechos humanos. Lo hizo en declaraciones cuando habló de ‘guerra sucia’, cuando dijo desconocer la cantidad de desaparecidos, cuando tolera a un negacionista como (Juan José) Gómez Centurión en su cargo y se desentiende de la detención de Milagro Sala en Jujuy”, dijo a PáginaI12 el dirigente massista Alberto Fernández.

La diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau se sumó al repudio. “Sinceramente, parece que estamos siendo testigos del último insulto a los valores democráticos por parte del Gobierno. Uno más que, junto a lo de Gómez Centurión, se suma a una larga lista que nos avergüenza y entristece, y nos hace pensar si el objetivo último del Gobierno no es demoler la política de derechos humanos en la Argentina, una política de Estado que comenzó Raúl Alfonsín y se construyó progresivamente durante décadas. En este momento, necesitamos más que nunca una sociedad activa y consciente en la defensa de la memoria histórica”, dijo a este diario.

Libres del Sur adelantó que sus diputados trabajan en un pedido de interpelación a Malcorra y Garavano. “Queremos  que expliquen la capacitación profesional y ética del candidato a la CIDH”, afirmaron.

Desde el FIT se pronunciaron ante este diario sus legisladores porteños. “El nombramiento de De Casas se inscribe en una política que apunta a la libertad de los genocidas presos y a legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la represión interior. En definitiva, Gómez Centurión y (Darío) Lopérfido no fueron exabruptos”, sostuvo Marcelo Ramal. “Con la designación de De Casas como representante de Argentina en la CIDH queda claro que la posición de Macri es la de Gómez Centurión”, sumó Gabriel Solano, también del PO.

Socios

Alfonsín rompió el silencio de los socios en la alianza oficialista Cambiemos. “El Gobierno debe aclarar a los argentinos si son ciertas o no las informaciones que se vierten sobre la persona propuesta para integrar la CIDH. Es necesaria una explicación clara sobre el tema, para que los argentinos, eventualmente, no sean víctimas de falsas informaciones”, señaló el todavía convaleciente Ricardo Alfonsín. El diputado de la UCR recordó que “de acuerdo a la información, el letrado en cuestión es Carlos Horacio de Casas, de Mendoza, que defendió a un ex integrante de la infantería de Montaña que hacía inteligencia durante la dictadura”, datos que también reveló Verbitsky en este diario, dando cuenta de los vínculos políticos del candidato, propuesto por el ex titular de la UCR y ex senador mendocino Ernesto Sanz. “Sin exagerar, los años ‘80 transformaron a los argentinos en ejemplo para el mundo de heroicidad y coraje por haber enjuiciado a los responsables del terrorismo de Estado. Espero que a mi partido, lejos de juzgar inapropiada esta solicitud de aclaración, por el país y por Cambiemos, se sume a ella”, planteó el hijo del ex presidente radical Raúl Alfonsín.

https://www.pagina12.com.ar/18655-el-candidato-que-une-a-todos-en-su-contra

jueves, 28 de enero de 2016

El gobierno recibió a organismos de DD.HH., en una reunión tensa -

Jueves, 28 de enero de 2016.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, escucharon a Estela de Carlotto y otras referentes, quienes hablaron de los juicios, los despidos y de la detenida Milagro Sala.

Carlotto celebró la reunión y desde el gobierno la calificaron como “un paso productivo”. (NA).


El gobierno recibió a organismos de derechos humanos encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que dejaron un documento con "demandas" para que "el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado".

La reunión, que no estuvo desprovista de "discrepancias" según relataron sus participantes, contó con la presencia de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y representantes de la agrupación Hijos, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

"Le dejamos un documento con los puntos más importantes de nuestras demandas para que el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado y para que no se cambie lo que ya se ha construido y sí se construya lo que falta lo que quedó por hacer", contó Carlotto.

En declaraciones a la prensa efectuadas al término de la reunión, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que "hubo momentos de discrepancia" cuando las agrupaciones expresaron su "preocupación" por "ciertas acciones".

En este sentido, enumeró "los despidos masivos, la detención de Milagro Sala, el achicamiento de ciertos lugares de trabajo en los derechos humanos, el despido indiscriminado sin previa averiguación".

"También se trató la presencia de personas que tuvieron responsabilidades durante el terrorismo de Estado en lugares de decisión", señaló la dirigente y aclaró que se refirieron particularmente al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Edgardo Busetti, a quien sindicaron como "abogado defensor de represores".

A su turno, la líder de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, contó que también le expresaron al gobierno "la preocupación porque los juicios (a represores) continúen y que se tenga mucho cuidado con a quiénes se está nombrando para que juzguen".

En tanto, Eva Arroyo, referente de la agrupación Hijos Jujuy, indicó que lo que se planteó en relación con los despidos es "la preocupación respecto de que se achique el personal de esos programas como el de protección de testigos o asistencia a las víctimas".

Consultada por la prensa sobre la respuesta de Peña, Carlotto relató que "fue escuchando y cuando no coincidía expresaba su disenso", al tiempo que indicó que al jefe de Gabinete "no le gustó una palabra que apareció por ahí, en el documento, referida a que nunca más esté el Parlamento cerrado".

Para concluir, Carlotto señaló que concurrieron "a dialogar y no a agraviar" y explicó: "Si hubiéramos sentido el agravio de lo que dijo el presidente en campaña, que éramos un curro, no hubiésemos venido. Son accidentes que hay que dejarlos pasar".

Por su parte, Garavano calificó el encuentro como "un primer diálogo productivo", señaló que "el gobierno ratificó la política de Estado en materia de memoria y justicia" y aseguró que la continuidad de los juicios "está fuera de discusión" porque "la política de derechos humanos es una política de Estado".

El Ejecutivo va por la ley del arrepentido y de la extinción de dominio

Transparency Internacional publicó el Indice Anual de Percepción de la Corrupción en el que Argentina quedó en el puesto 107 entre 168 países. Rápida de reflejos, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció un paquete de leyes contra la corrupción que incluye la ley del arrepentido, la de extinción de dominio y de acceso a la información pública.

"El 1º de marzo pediremos al Congreso que sancione en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales y las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración", anunció hoy Alonso.

"Que estas leyes no hayan sido aprobadas aún le generó mucho daño al país. El Congreso tiene la oportunidad de revertir esta tendencia y confiamos en que los legisladores sabrán comprender que esta es una necesidad de la Nación y no de un gobierno particular", agregó.

En esa línea, llamó a "debatir una modificación de la ley de ética pública". Y cuestionó la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013 en el marco de la llamada "democratización judicial".

"Distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito", criticó.

"Tuvo una intencionalidad clara: evitar el control patrimonial a los funcionarios que estuvieron años en el poder y que tendrían dificultades para explicar su patrimonio", insistió.

http://www.lacapital.com.ar/politica/El-gobierno-recibio-a-organismos-de-DD.HH.-en-una-reunion-tensa--20160128-0012.html