El Gobierno creó por DNU la Agencia de Protección de Testigos e Imputados y Casación le salió al cruce

Nov 30, 2019.

A 11 días de dejar el Gobierno, Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

El presidente Mauricio Macri creó por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente autárquico que deberá resguardar la seguridad de los llamados «arrepentidos» en causas judiciales, pero jueces de la Cámara de Casación Penal rechazaron su aplicación.

A 11 días de dejar el Gobierno, Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial y que establece la creación de esa Agencia bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con autonomía funcional.

Según el decreto, el objetivo de esta Agencia será garantizar la seguridad de las personas que colaboren «de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal», para lo que deberá tomar «medidas especiales de protección», como el cambio de domicilio o la custodia personal.

Uno de los argumentos del decreto para elevar al rango de Agencia lo que hasta ahora era un «Programa de Protección de Testigos», es «la incorporación de personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública».

Además, el DNU dispone la creación de un Consejo Consultivo encabezado por el presidente de la Cámara de Casación Penal e integrado por la Procuración General de la Nación, que deberá elaborar la propuesta para la designación del director de la Agencia.

El Gobierno tenía previsto en un principio traspasar el Programa de Protección de Testigos al Poder Judicial y al no prosperar esa iniciativa intentó pasársela a la Cámara de Casación Penal, nuevamente sin éxito, por lo que optó por la creación de un ente autárquico.

Sin embargo, horas después de que se diera a conocer el DNU, cuatro jueces de la Cámara de Casación elevaron una nota al presidente de ese tribunal, Carlos Mahiques, en la que sugieren que se rechace el decreto tras poner en duda su legitimidad.

La nota lleva las firmas de los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, de la Sala 2 de la cámara, y de Ana María Figueroa, de la Sala 1.

Los camaristas sugirieron que el DNU invoca «circunstancias manifiestamente inexistentes o irrazonables», al tiempo que advirtieron que se trata de un tema que debe pasar por el Congreso y que las regulaciones en materia penal por parte del Ejecutivo está «expresamente prohibida constitucionalmente».

Sin embargo, el DNU fue publicado en el mismo día en que finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso, por lo que la actividad parlamentaria no se retomará hasta que el Gobierno convoque a extraordinarias, algo que quedará reservado para el presidente electo, Alberto Fernández.

Este hecho, sumado a que la anulación de un DNU requiere que la dos Cámaras del Congreso lo rechacen -algo extremadamente difícil y sin antecedentes hasta ahora- implica que el decreto está en vigencia.

https://www.conclusion.com.ar/politica/el-gobierno-creo-por-dnu-la-agencia-de-proteccion-de-testigos-e-imputados-y-casacion-le-salio-al-cruce/11/2019/

Macri armó una Justicia a la carta y la ONU sospecha

04 de noviembre de 2019.

La asociación Ajus elevó una denuncia contundente y detallada y las Naciones Unidas hicieron un pedido de informes al Gobierno. “Las informaciones recibidas son suficientemente fiables”, dijo el relator García-Sayán.

Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

“Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones”, dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Lo que nos deja satisfechos --dijo Desojo-- es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas.”

Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, “Justicia a la carta”, sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.

Uno de los párrafos señala que Macri buscó “establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario”. Es decir, “encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo”.

Herramienta

Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:

* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.

* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.

El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que “adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”. También lo insta “a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.

Fiables

“Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano”, señala la carta del relator. “Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata.” Más aún: “Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.

En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.

En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Urgencia

En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino “atención urgente” para la información que recibió “respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”. Lo interroga a partir de una denuncia sobre “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.

Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes “magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación”.

Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. “Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación”.

Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Hay capítulo especial en la denuncia que se llama ”ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri”. Otro capítulo lleva por título “ataque a los abogados y jueces laboralistas”.

Creada en 2011 por un grupo de abogados “para defender los derechos de las personas”, según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

https://www.pagina12.com.ar/229047-macri-armo-una-justicia-a-la-carta-y-la-onu-sospecha

Tras casi dos años de prisión preventiva, quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián De Sousa

08 octubre 2019.

Bonadio aceptó fianza luego de orden de Cámara por ausencia de riesgo procesal. Y luego de que TOF 3 dispusiera liberación por no existir el delito que denunció Ercolini. Sin presiones, tras colapso de "mesa judicial", tribunales revisa criterio de preventivas.

Luego de que hubieran transcurrido un año y diez meses detenidos en prisión preventiva, finalmente se efectivizó este martes la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Habiéndose cumplimentado el trámite de caución real que había exigido la Justicia, el juez federal Claudio Bonadio autorizó ayer su salida del penal de Ezeiza, luego de tener que acatar el fallo de la Cámara Federal que había ordenado el cese de la prisión preventiva ya que no había riesgos procesales, único requisito para disponer la privación de la libertad, pese a la negativa de Bonadio que instruía la causa “cuadernos”, sobre la que no hay ningún detenido actualmente.

Ambos presentaron un seguro de caución por $60 millones cada uno garantizados con bienes de los que no podrán disponer, algo que terminó siendo aceptado por Bonadio que se había negado en un principio a concederles la libertad pese al dictamen favorable del fiscal Carlos Stornelli. La Superintendencia de Seguros de la Nación validó la documentación aportada a la fianza y de esta manera, el juez dispuso que sean formalmente liberados desde la sede de la Policía Federal de Madariaga y General Paz, donde egresaron a las 14.40.

El 19 de septiembre, ambos habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal N°3, a cargo de la causa Oil Combustibles donde se originó la denuncia del juez Julián Ercolini para que fueran detenidos por primera vez en diciembre de 2017. Luego de una exhaustiva investigación, la jueza María Eugenia Capuchetti -que ingresó en su cargo en mayo pasado- resolvió sobreseerlos de una presunta violación a la medida cautelar de inhibición de bienes que había argumentado Ercolini para disponer su detención.

El hecho del traspaso de acciones del Grupo Indalo jamás existió, fue la conclusión de la magistrada, luego de haber accedido a peritajes sobre los libros contables de las empresas. La medida no fue apelada por el fiscal Ramiro González que había dictaminado días antes en el mismo sentido, no hallando prueba alguna de lo que sostuvo Ercolini en su denuncia inicial. Pero en paralelo, la liberación no fue efectiva debido a dos pedidos de prisión preventiva que había dispuesto Bonadio, en una causa colateral a “cuadernos” por la compra de dos departamentos y otra en el marco de la supuesta cartelización donde el juez procesó a un centenar de empresarios que habían participado en la obra pública.

Sin embargo, la Cámara Federal con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispuso el viernes pasado que no existía riesgo procesal alguno para que continuaran detenidos sin condena firme y destacaron la excepcionalidad de la prisión preventiva. La decisión fue una evidencia más de la descomposición de la mesa judicial que asesoraba al presidente Mauricio Macri, encabezada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a la que se le adjudicaban diversas presiones en todos los estamentos de la Justicia para disponer prisiones basados en supuestos riesgos procesales sostenidos en el cuestionado criterio de los lazos residuales de poder o en riesgos que no contaban con sustento fáctico debido a que la mayoría de los implicados se había ajustado a derecho en las causas en las que se los implicaba. Toda esa doctrina empezó a ser revisada en tribunales debido a que los excesos habían derivado en situaciones inexplicables desde el punto de vista procesal.

Sin hechos que justificaran la privación de la libertad, la regla siempre fue que se aguardara a una eventual condena firme. López y De Sousa además, afrontaron un breve período excarcelados luego de que la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero ya hubieran advertido que su prisión fue dictada de modo arbitrario. Ambos terminaron eyectados de la Justicia federal luego de que Macri se quejara públicamente de ellos y cuestionara el fallo.

https://www.ambito.com/tras-casi-dos-anos-prision-preventiva-quedaron-libertad-cristobal-lopez-y-fabian-sousa-n5058786

“Macri presiona a la Justicia para meter presa a Cristina Kirchner”

Jun 17, 2017.

Lo afirmó el juez de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler, quien cuestionó en duros términos al presidente. “Que se dedique a su cartera de negocios y no a otros poderes del Estado", lanzó el mandatario.

El juez de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler, apuntado por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, sostuvo hoy que el presidente Mauricio Macri “presiona a la Justicia para meter presa a Cristina Kirchner” y cuestionó en duros términos las críticas del jefe de Estado al Poder Judicial.

“El Presidente presiona a la Justicia para meter presa a Cristina Kirchner, lo dijo ayer mismo”, expresó Freiler en declaraciones radiales, un día después de que el mandatario criticara a “los jueces” por no avanzar contra “los que hicieron todas estas cagadas y que encima se robaron el país”.

Además, de remarcar que “hay algunos jueces que quieren meter presa a Cristina Kirchner durante la campaña”, el camarista (al que el oficialismo acusa de enriquecimiento ilícito en el Consejo de la Magistratura) calificó como “gravísimos” los dichos de Macri sobre los jueces.

En este sentido, Freiler le recomendó al Presidente “que se dedique a su cartera de negocios y no a otros poderes del Estado” porque sus declaraciones, según opinó, son una “intromisión directa en el Poder Judicial”.

Al respecto, el camarista consideró que en la Argentina se vive “una democracia muy frágil” y que actualmente “hay jueces que funcionan en tándem con el Gobierno” y que “saben acomodar su juego”.

http://www.conclusion.com.ar/2017/06/macri-presiona-a-la-justicia-para-meter-presa-a-cristina-kirchner/