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miércoles, 6 de noviembre de 2019

Cristóbal López denunció que Macri lo presionó para encarcelar a Cristina Kirchner

06 de noviembre de 2019.

Por: Raúl Kollmann.

Ante la negativa del empresario comenzó la persecución contra el Grupo Indalo.

Cristóbal López declaró ante la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán.


"Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró". El textual es parte de la declaración que ayer prestó el empresario Cristóbal López, uno de los titulares del Grupo Indalo, ante la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. López relató el diálogo que mantuvo con Mauricio Macri el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque. Servini instruye una causa iniciada por el socio de López, Fabián de Sousa, contra el presidente Macri, los titulares de la Afip y otros funcionarios de Cambiemos por los delitos de coacción y extorsión. El objetivo de fondo fue ahogar a Indalo, Oil y los medios de comunicación del grupo, entre ellos el exitoso C5N, con un doble objetivo: por un lado encarcelar a la ex presidenta y, por el otro lado, para que todo el grupo termine en manos de amigos del actual gobierno o que quiebre y quede como un símbolo de lo que le pasa a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el gobierno anterior.

La declaración de López abarca 18 páginas del expediente y detalla la forma en que se manifestaron las presiones de todo tipo, incluyendo la amenaza de la prisión, algo que finalmente se concretó con el protagonismo del propio Macri, quien llegó a quejarse porque López y De Sousa habían recuperado la libertad. A lo largo de la declaración van apareciendo varios compradores, todos relacionados con la Casa Rosada, pero en algún momento se frenan las operaciones con una consigna asombrosa: "no queremos que López y De Sousa vendan. Queremos que quiebren. Es un tema político", relató López.

La mano oculta del presidente apareció en forma permanente en la declaración testimonial de ayer. Tras la reunión en casa de Franco Macri, dos meses después, ya en enero de 2016, el empresario relata que fue citado por Fabián (Pepín) Rodríguez Simón, en el Palacio Duhau y en el Hotel Hayatt. "El presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen", cuenta López que le dijo Pepin. "Es eso, o les rescindimos todos los contratos de las empresas de juego", amenazó el referente judicial de Macri. En el testimonio de López, el apriete concluyó cuando vendió sus participaciones en esas empresas. "Después de eso, no se habló más del juego en la Ciudad de Buenos Aires. El problema era que yo vendiera", razonó el empresario.

"En determinado momento, le dijeron a nuestro abogado que arregle los honorarios con nosotros porque empezó la guerra. Y ese domingo, se publicó una nota de Hugo Alconada Mon y a la noche Macri concedió una entrevista a Luis Majul. En los dos lugares nos acusaban de que le debíamos ocho mil millones de pesos a la Afip". Como se demostró en la pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, esa deuda no existía y el grupo Indalo estaba al día con los planes de pago que se le habían otorgado. Fueron planes de pago que se le habían concedido a muchísimas otras empresas. "Con esas acusaciones, nos sentimos dos perejiles contra el estado completo. Era como ir a la guerra contra Estados Unidos con dos escarbadientes", sintetizó López.

En los momentos de mayor presión, siempre aparecía un comprador ligado a la casa Rosada. El primero, Orly Terranova, que hasta envió a sus gerentes a sentarse en las oficinas de Indalo. Decía que actuaba en acuerdo con Macri y con Nicky Caputo. Se pactó un lanzamiento de la venta, organizado por Jaime Durán Barba, pero una aparente interna en el gobierno, derrumbó el acuerdo de un día para otro. A Orly no lo vi nunca más, se esfumó".

Después apareció en escena Ignacio Rosner, supuesto representante de un fondo de inversión norteamericano, quien se presentó como "muy muy amigo de Mauricio": "Fui al Newman, tengo llegada a Magnetto porque fui director de Cablevisión y también llego a Alberto Abad". En el trasfondo también solía aparecer Mario Quintana, uno de los hombres fuertes de la jefatura de Gabinete, a veces como mediador de las posibles operaciones de compra, pero en otra ocasión directamente interesado en participar. Otro que habría funcionado como intermediario es José Torello, también integrante de la mesa judicial. Se llegaron a firmar convenios por alguna parte del grupo, siempre sujetos a la aprobación del juez Julián Ercolini, pero parecía haber dudas permanentes porque seducía el impacto de hacer quebrar Indalo, exhibirlo políticamente.

El relato de López sobre las amenazas de prisión resultó crudo. El empresario contó que le empezaron a llegar los rumores de que lo detenían, por lo que decidió consultarle, a través de un amigo, a Daniel Angelici, íntimo amigo y colaborador de Macri. El presidente Boca le dijo: "andate a Sudafrica, vas a ir preso. Con Sudáfrica no hay convenido de extradición".

López relata una reunión que convocó de inmediato con su abogado de entonces, Alberto Beraldi, y con su socio, De Sousa. Les contó de que le habían confirmado los rumores de que irían presos, pero Beraldi le dijo que no había razón judicial para la detención y De Sousa pensó que eran aprietes sobre la línea editorial de C5N. Es que Macri, hacía ya varios meses, le había dicho a López que lo trataban mal y que también en el Bailando por un Sueño lo habían perjudicado. El empresario le explicó al mandatario que no tenía injerencia en el Bailando, que ese era territorio de Marcelo Tinelli y que tampoco le bajaba línea a los periodistas de C5N. "Ese canal lo maneja Cristina", le disparó Macri. "Pará, pará, que yo no soy testaferro de nadie. Sacátelo de la cabeza", dice López que le contestó.

En el camino hubo otros posibles compradores, como el grupo petrolero Trasfigura, e incluso se firmó algún convenio para ser presentado ante el juez Ercolini. La oferta era por 420 millones de dólares, tres veces más de lo que al final se vendió por parte de la intervención judicial del grupo empresario. Siempre Ercolini rechazó las propuestas y siempre apareció el obstáculo de la Afip, que nunca buscó cobrar los impuestos, sino empujar al grupo a la quiebra.

Lo concreto, es que como adelantó Angelici, en la previa de las elecciones de 2017, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron apresados con el argumento de que habían intentado una venta del Grupo Indalo a espaldas del juez. La investigación de ese hecho, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, determinó que nunca ocurrió tal venta, es decir que la razón por la que se encarceló a los empresarios resultó falsa.

https://www.pagina12.com.ar/229374-cristobal-lopez-denuncio-que-macri-lo-presiono-para-encarcel

martes, 8 de octubre de 2019

Tras casi dos años de prisión preventiva, quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián De Sousa

08 octubre 2019.

Bonadio aceptó fianza luego de orden de Cámara por ausencia de riesgo procesal. Y luego de que TOF 3 dispusiera liberación por no existir el delito que denunció Ercolini. Sin presiones, tras colapso de "mesa judicial", tribunales revisa criterio de preventivas.



Luego de que hubieran transcurrido un año y diez meses detenidos en prisión preventiva, finalmente se efectivizó este martes la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Habiéndose cumplimentado el trámite de caución real que había exigido la Justicia, el juez federal Claudio Bonadio autorizó ayer su salida del penal de Ezeiza, luego de tener que acatar el fallo de la Cámara Federal que había ordenado el cese de la prisión preventiva ya que no había riesgos procesales, único requisito para disponer la privación de la libertad, pese a la negativa de Bonadio que instruía la causa “cuadernos”, sobre la que no hay ningún detenido actualmente.

Ambos presentaron un seguro de caución por $60 millones cada uno garantizados con bienes de los que no podrán disponer, algo que terminó siendo aceptado por Bonadio que se había negado en un principio a concederles la libertad pese al dictamen favorable del fiscal Carlos Stornelli. La Superintendencia de Seguros de la Nación validó la documentación aportada a la fianza y de esta manera, el juez dispuso que sean formalmente liberados desde la sede de la Policía Federal de Madariaga y General Paz, donde egresaron a las 14.40.

El 19 de septiembre, ambos habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal N°3, a cargo de la causa Oil Combustibles donde se originó la denuncia del juez Julián Ercolini para que fueran detenidos por primera vez en diciembre de 2017. Luego de una exhaustiva investigación, la jueza María Eugenia Capuchetti -que ingresó en su cargo en mayo pasado- resolvió sobreseerlos de una presunta violación a la medida cautelar de inhibición de bienes que había argumentado Ercolini para disponer su detención.

El hecho del traspaso de acciones del Grupo Indalo jamás existió, fue la conclusión de la magistrada, luego de haber accedido a peritajes sobre los libros contables de las empresas. La medida no fue apelada por el fiscal Ramiro González que había dictaminado días antes en el mismo sentido, no hallando prueba alguna de lo que sostuvo Ercolini en su denuncia inicial. Pero en paralelo, la liberación no fue efectiva debido a dos pedidos de prisión preventiva que había dispuesto Bonadio, en una causa colateral a “cuadernos” por la compra de dos departamentos y otra en el marco de la supuesta cartelización donde el juez procesó a un centenar de empresarios que habían participado en la obra pública.

Sin embargo, la Cámara Federal con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispuso el viernes pasado que no existía riesgo procesal alguno para que continuaran detenidos sin condena firme y destacaron la excepcionalidad de la prisión preventiva. La decisión fue una evidencia más de la descomposición de la mesa judicial que asesoraba al presidente Mauricio Macri, encabezada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a la que se le adjudicaban diversas presiones en todos los estamentos de la Justicia para disponer prisiones basados en supuestos riesgos procesales sostenidos en el cuestionado criterio de los lazos residuales de poder o en riesgos que no contaban con sustento fáctico debido a que la mayoría de los implicados se había ajustado a derecho en las causas en las que se los implicaba. Toda esa doctrina empezó a ser revisada en tribunales debido a que los excesos habían derivado en situaciones inexplicables desde el punto de vista procesal.

Sin hechos que justificaran la privación de la libertad, la regla siempre fue que se aguardara a una eventual condena firme. López y De Sousa además, afrontaron un breve período excarcelados luego de que la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero ya hubieran advertido que su prisión fue dictada de modo arbitrario. Ambos terminaron eyectados de la Justicia federal luego de que Macri se quejara públicamente de ellos y cuestionara el fallo.

https://www.ambito.com/tras-casi-dos-anos-prision-preventiva-quedaron-libertad-cristobal-lopez-y-fabian-sousa-n5058786

viernes, 13 de septiembre de 2019

Sobreseyeron a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la supuesta venta del Grupo Indalo

13 de septiembre de 2019.

Por: Patricia Blanco.

El fallo podría ser la clave para que la defensa reclame nuevamente la libertad de los empresarios, que habían sido detenidos en diciembre de 2017. Mientras tanto, sigue el juicio oral que enfrentan junto a Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP, por el no pago de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles.



Los empresarios Cristobal López y Fabian De Sousa fueron sobreseídos por la supuesta venta del grupo Indalo. La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti, tras el dictamen del fiscal Ramiro González que entendió que el delito no existió, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

El dato es clave: fue precisamente esa supuesta venta la que derivó en la detención de los responsables del grupo Indalo en diciembre de 2017. Este sobreseimiento – que beneficio también a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre- podría implicar que las defensas reclamen al Tribunal Oral Federal 3 su libertad.

López, De Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray están siendo juzgados por no haber pagado al fisco 8 mil millones de pesos destinados al impuesto al combustible. Ayer, De Sousa sostuvo que hubo una persecución política por parte del presidente Mauricio Macri. Mientras tanto, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue uno de los críticos de la prisión preventiva dictada sobre los responsables del Grupo Indalo.

A fines de diciembre de 2017, el juez Julian Ercolini los procesó a los dos empresarios y a Echegaray por defraudación al Estado y dispuso la detención de los dos primeros por entender que quisieron engañar a la justicia. Así ordenó abrir una investigación penal paralela para saber si existió una venta de acciones de empresas del grupo Indalo al grupo Ceibo (a cargo de Rosner y Dellatorre), cuando existía una expresa  inhibición general de bienes para hacerlo.

La detención de Lopez y De Sousa duró hasta marzo de 2018 cuando los ex jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Farah recaratularon la causa por evasión y ordenaron la excarcelación. El fallo indignó al Gobierno y hasta el propio Macri lo cuestionó públicamente. El 27 de abril de 2018, en una decisión dividida, Casación dejó en pie el criterio de Ercolini y volvió a detenerlos. Desde entonces, los empresarios están presos.

El abogado Carlos Beraldi y Fabián De Sousa (Maximiliano Luna)

Mientras tanto, avanzó la causa que investigaba la supuesta venta del grupo Indalo. El caso, primero en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego a cargo de Ariel Lijo y actualmente en manos de Capuchetti, recolectó diversas medidas de prueba y testimonios. Pero el fiscal González entendió que la maniobra no había existido y por eso no había elementos para seguir impulsando la causa.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el fiscal analizó dos hipótesis:  por un lado, las supuestas transferencias indebidas de títulos valores (acciones) y, por el otro, los supuestos movimientos patrimoniales y económicos que habría habido desde el cambio de autoridades que habrían tenido como fin engañar a los intervinientes en la causa Oil Combustibles.

Con la intervención interdisciplinaria de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) de la Corte Suprema, la justicia estableció que "no hubo transferencia accionaria" del grupo. Sostuvo la jueza: "Concluyo que la falta de registros se explica en el hecho claro, conciso y -a esta altura del proceso- ineludible de que no hubo transferencia accionaria pues, pese a la sensación de que se encontraban realizando un ardid tendiente a confundir a las partes de aquel expediente que originó la formación de esta causa, los imputados realmente habían puesto en consideración del Magistrado (Ercolini) la autorización para que se realice la transferencia accionaria".

María Eugenia Capuchetti (Adrián Escandar)

Sobre los movimientos patrimoniales, en tanto, Capuchetti dijo que "dentro del acotado objeto procesal habilitado por el Ministerio Público Fiscal en la presente causa vinculada con la cuestión patrimonial, tampoco se advierte que ello haya sucedido".

"Nos encontramos ante un grupo societario que contaba con veedores ordenados por esta Justicia Federal, como así también administradores emplazados por la Justicia Comercial y síndicos intervinientes en el marco del concurso de acreedores de una de las principales empresas del mentado grupo", se resaltó.

Frente a este escenario, Capuchetti afirmó: "Existe una traba legal que impide la prosecución de las actuaciones, pues el titular de la acción penal (fiscal) ha optado legal y fundadamente conforme por no impulsarla y, más aún, por cerrar el sumario tomando un temperamento de carácter definitivo al no haber sido posible comprobar los extremos de la denuncia. En ese sentido, corresponde señalar que es claro que los fiscales deben ser objetivos en el cumplimiento de su función y sujetarse estrictamente a la ley, por lo que cuando no encuentran reunidos los extremos necesarios para proseguir con la acusación, deben pedir la conclusión de la misma".

Así las cosas, el fallo concluyó con el sobreseimiento de Cristóbal López, Carlos Fabián de Sousa, Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre Balestra. El fallo aún no está firme, aunque -a diferencias de otros casos- fue el propio fiscal el que entendió que no había delito por lo que se descuenta que no habrá apelación. En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que la defensa plantearía en los próximos días ante el TOF 3 la excarcelación de De Sousa y Cristóbal López.

https://www.infobae.com/politica/2019/09/13/sobreseyeron-a-los-empresarios-cristobal-lopez-y-fabian-de-sousa-por-la-supuesta-venta-del-grupo-indalo/#IZIAFZNSQNF43PLWEGRBBRBPBY

lunes, 5 de agosto de 2019

Una pericia de la Corte muestra que López y De Sousa estaban al día con AFIP

05/08/2019.

Según los peritos, el reclamo de deuda nunca fue de $8 mil millones y para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con las cuotas al día.



La pericia oficial realizada por contadores de la Corte Suprema que se incorporó al juicio oral por la presunta defraudación de la petrolera Oil Combustibles cuestionó la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En ésta se demuestra que el reclamo de deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no fue de $8.000 millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día.

Según informa el periodista Gabriel Mornini en Ámbito Financiero, el monto refinanciado en planes especiales era de $2.200 millones de los cuales $1.600 se pagaron.

Además, en diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados. Los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Por orden del Tribunal Oral Federal N°3, la pericia fue incorporada como prueba al juicio días antes de la feria. Los expertos de la Corte, el Ministerio Público Fiscal, de la querella de AFIP, además de los representantes de la defensa, entregaron el informe el 17 de julio pasado.

El documento explica que “en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. Ésto cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC -a excepción de sólo 7 meses- y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo.

Se detalla también que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación.

Los expertos señalan que fueron resoluciones de Abad las que hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015 lo que generaron la acumulación de deuda que se volvió inmediatamente exigible y generó la quiebra de la empresa.

Fuente: Minuto Uno

https://portaldenoticias.com.ar/2019/08/05/una-pericia-de-la-corte-muestra-que-lopez-y-de-sousa-estaban-al-dia-con-afip/